El sector del reciclaje pide más tiempo para revisar las restricciones europeas a las exportaciones de metales reciclados
Una respuesta formal a la propuesta europea
El 19 de octubre de 2026, la Oficina Internacional del Reciclaje (BIR, por sus siglas en inglés) comunicó que ha presentado su respuesta formal a la consulta de la Comisión Europea sobre el proyecto de lista de países no pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos autorizados a recibir determinados residuos no peligrosos procedentes de la Unión Europea, en el marco del Reglamento sobre traslados de residuos.
La propuesta europea dejaría fuera a varios mercados extracomunitarios relevantes como destinos para las exportaciones de metales ferrosos y no ferrosos reciclados. Ante esta situación, BIR pide revisar las exclusiones planteadas y las pruebas y argumentos jurídicos utilizados para justificarlas.
La organización también solicita ampliar el periodo de consulta cuatro semanas, hasta alcanzar al menos ocho semanas, y que el nuevo plazo no finalice antes del 13 de noviembre de 2026. La petición busca dar más tiempo a los países y territorios afectados para responder a las observaciones de la Comisión y aportar información adicional antes de que se adopte la lista definitiva.
La capacidad de reciclaje debe evaluarse por tipo de metal
BIR advierte de que restringir las exportaciones no garantiza que la demanda ni la capacidad de tratamiento aumenten dentro de la Unión Europea. Según la organización, aunque la industria europea ya suministra la mayor parte de sus metales reciclados al mercado comunitario, los destinos internacionales siguen siendo necesarios cuando la demanda europea o las instalaciones técnicamente adecuadas no pueden absorber los volúmenes y calidades disponibles.
Por ello, la entidad reclama que la evaluación europea tenga en cuenta la demanda real, la capacidad operativa y la compatibilidad técnica de cada tipo de metal, en lugar de basarse únicamente en cifras agregadas de capacidad de tratamiento.
A juicio de BIR, cerrar mercados de exportación consolidados podría reducir el número de compradores disponibles y generar excedentes, presionando a la baja el valor de los materiales reciclados. La organización considera que unos ingresos menores debilitarían los incentivos para recoger, clasificar y procesar residuos, además de limitar los recursos destinados a invertir en estas actividades.
Cuestionamiento de la proporcionalidad y del fundamento jurídico
La respuesta de BIR también plantea dudas sobre la compatibilidad del planteamiento de la Comisión con los principios de no discriminación y proporcionalidad, así como con el propio Reglamento sobre traslados de residuos. Estas objeciones se apoyan, según la entidad, en análisis jurídicos encargados por asociaciones europeas integrantes de la organización.
BIR señala que los flujos de metales reciclados afectados están clasificados como residuos no peligrosos dentro del marco europeo aplicable. También destaca los beneficios ambientales asociados a la sustitución de materias primas vírgenes por metales reciclados, incluidos el ahorro energético y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
En este contexto, cuestiona que se establezcan exclusiones amplias sin considerar suficientemente las características de cada flujo de materiales ni las garantías existentes, entre ellas las auditorías independientes de las instalaciones receptoras.
Cuatro semanas más para aportar información
La ampliación solicitada permitiría a los países y territorios afectados coordinarse con sus ministerios, organismos reguladores e instalaciones de reciclaje, responder punto por punto a las conclusiones de la Comisión y presentar documentación complementaria cuando se considere que la información disponible es insuficiente.
Para BIR, estas aportaciones pueden influir en la lista definitiva de destinos autorizados y, por tanto, en los mercados a los que podrán enviarse desde la Unión Europea los flujos de materiales reciclados incluidos en el sistema.
La organización pide que las futuras restricciones sean proporcionadas, se apliquen de forma coherente y se fundamenten en consideraciones ambientales específicas. Mientras continúa el diálogo con la Comisión, los miembros del sector y los gobiernos afectados, su petición inmediata es que se concedan las cuatro semanas adicionales antes de cerrar la evaluación.
