Un nuevo informe del Centro para la Integridad Pública (CPI) señala que en EE.UU. no hay una agencia federal que regule los residuos de la fracturación hidráulica, o 'fracking'. En el análisis se centra en el depósito de esquisto conocido como Marcellus Shale, que se encuentra en la cuenca de los Apalaches y une los estados estadounidenses de Ohio, Pensilvania, Virginia Occidental y Nueva York. 

El informe del CPI denuncia que los reguladores estatales no logran comprender los riesgos que implica la exposición a los residuos, y que son las empresas energéticas, con intereses en el negocio, quienes toman las decisiones importantes sobre informar y elaborar estrategias para eliminar los residuos.

Según señala Bill Kennedy, copresidente del Consejo Nacional de la Protección Radiológica y la Medición del país norteamericano, los residuos radiactivos de la fracturación hidráulica "no cuentan con ningún tipo de regulación". Como solución, su organismo que aboga por endurecer las reglas de eliminación. "No se puede confiar en que la industria lo haga sola y se autorregule", agrega Kennedy.

El proceso de fracturación hidráulica requiere la inyección a alta presión de grandes cantidades de agua, arena y productos químicos en las capas de roca para liberar el petróleo o el gas natural. Este sistema es considerado como una nueva etapa en la exploración de la energía barata en América del Norte, pero también ha sido objeto de críticas por los posibles impactos negativos sobre el medioambiente, como la contaminación de aguas subterráneas y su influencia en la actividad sísmica.