En España se trataron casi un 40 % menos de residuos peligrosos desde 2008
A pesar de que ya han pasado años desde que la Unión Europa abogara por una economía circular en el continente, lo cierto es que el impacto que ha tenido la crisis económica en España ha hecho que ese marco conceptual no se haya concretado en algo tangible, como sería la generación de empleos verdes y nuevas industrias relacionadas con el medio ambiente. Este hecho se percibe especialmente en la gestión de los residuos industriales y peligrosos.
El año 2014 ha vuelto a ser un año negativo para el sector. Los últimos datos de los que dispone la asociación son de 2013 y nos muestran que este sector cayó un 2,4% ese año y ya supera el 40% de desplome desde 2008. A pesar de que en España la capacidad de tratamiento de este tipo de residuos es de aproximadamente cinco millones de toneladas, lo cierto es que en 2013 se trataron aproximadamente un 40 % menos de residuos peligrosos que en 2008. Este escenario tan negativo se ha traducido en una pérdida de empleo verde de casi el 50% desde 2008, lo que dista mucho de esas cifras idílicas de creación de empleo que promueven desde Bruselas.
Bien es cierto que las instituciones europeas, cuando hablan de la posibilidad de crear 400.000 empleos verdes para 2020 en todo el continente, siempre lo ligan a un cumplimiento riguroso de la legislación medioambiental. Y es precisamente en ese punto donde España sigue sin alcanzar la inversión de recursos necesarios para inspección y control, una asignatura pendiente de las administraciones públicas para hacer que la ley vigente se cumpla y se alcancen esos ambiciosos objetivos de la Comisión Europea.
Estas deficiencias mencionadas anteriormente se traducen en un aumento de las malas prácticas, lo que genera una economía sumergida que ejerce una competencia desleal hacia nuestro sector.
Algunos ejemplos de estas malas prácticas son el saqueo en los puntos limpios, la dilución de las substancias tóxicas en el agua, el tratamiento de aguas industriales en depuradoras de aguas urbanas, la mezcla con residuos procedentes de la construcción, el tratamiento en instalaciones no autorizadas, la aplicación incontrolada en suelo agrícola y el vertido ilegal. Sin embargo, sí debemos destacar la gran labor de la Fiscalía de Medio Ambiente y SEPRONA, el cuerpo de la Guardia Civil especializado en delitos medioambientales, que en este último año han actuado sobre estas prácticas que hemos enumerado en este párrafo.
El año 2014 también ha traído algunas novedades destacables en el campo legislativo y fiscal. Una de ellas es que entró en vigor un nuevo impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero según su potencial de cambio climático. Nuestra asociación detectó que el gas R22 se había quedado fuera de esta nueva tributación. Este gas también es fluorado y, hasta hace poco, ha sido el gas más utilizado en la producción de frío. Se estima que, en la actualidad, existen en España 25.000 toneladas de este gas. En realidad, el R22 ya estaba regulado por una normativa anterior sobre sustancias que agotan la capa de ozono, el Reglamento (CE) 1005/2009. Esta normativa establece que, a partir del 31 de diciembre de 2014, ya no se puede emplear este gas ni como regenerado para la reparación ni para el mantenimiento de los aparatos existentes.
Asimismo, el Ministerio de Hacienda dejó claro que los gases refrigerantes que se carguen en sustitución del R22 no estarán sujetos a tributación, siempre que se demuestre que se ha hecho entrega de este gas a un gestor de residuos autorizado. El hecho de que Hacienda aplique esta exención fiscal ligándola a una correcta gestión y destrucción del gas R22 va a evitar malas prácticas que, en este caso, son bastante más difíciles de perseguir y sancionar por tratarse de un gas. Es, por tanto, una buena noticia para todo el sector y para el medio ambiente en general.
Por otro lado, los puntos clave para el sector quedaron reflejados el pasado año en el Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020, que marca el ambicioso objetivo de reducir los residuos generados en 2020 en un 10 % respecto del peso de los residuos generados en 2010. Las cuatro líneas en las que se articula el Programa inciden en los elementos clave de la prevención: disminución de la cantidad de residuos, reutilización y alargamiento de su vida útil, reducción del contenido de sustancias nocivas en materiales y productos, así como de sus impactos sobre la salud humana y el medio ambiente. Todo este plan sirve de punto de partida para el nuevo Plan Nacional Integrado de Residuos que esperamos que arranque este año y en el que nuestra asociación colaborará de manera activa.
A nivel europeo, la nota amarga que cerró el 2014 fue la retirada del paquete de medidas de la Economía Circular que propuso la Comisión Europea en junio del año pasado. Estas medidas planteaban prohibir el depósito de residuos reciclables en los vertederos a partir de 2025, y establecen dos objetivos para mejorar el aprovechamiento de los recursos, con el reciclaje del 70% de los residuos urbanos y el 80 % de los envases en 2030. Con la llegada de la nueva dirección de la Comisión Europea tras las elecciones de mayo, todas estas propuestas han quedado en suspenso pese a las presiones del sector medioambiental, las ONGs, partidos políticos y algunos Estados miembros.
Tras ese sorprendente cierre de año, la Comisión publicó a comienzos de 2015 una modificación de la Lista Europea de Residuos (LER) y sus características de peligrosidad, donde también se establecen las normas para clasificar los residuos y complementa al reciente Reglamento 1357/2014 que sustituye al anexo III de la Directiva 2008/98/CE por el cual se relacionan las características que permiten clasificar a los residuos como peligrosos. La decisión y el reglamento serán aplicables a partir del 1 de junio de 2015.
2015 también es el Año Internacional de los Suelos, una iniciativa promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia del suelo como soporte para la vida, la producción de alimentos, el suministro de agua y la defensa contra el cambio climático. Desde nuestra asociación esperamos que esta iniciativa sirva para reducir los niveles de contaminación del suelo, ya que, además del impacto ambiental, en muchos casos tiene también incidencia sobre la salud por afectar a los acuíferos. Debemos recordar que la recuperación de suelos contaminados ha caído en nuestro país hasta un 75% desde 2008.
Y hace escasas semanas también se aprobó el nuevo Real Decreto 110/2015 sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Se trata de un Real Decreto que ha llevado tramitarlo más de dos años debido a su importancia y complejidad, ya que han participado numerosos grupos de interés y Administraciones Públicas. Entre estos grupos de interés consultados se encuentra nuestra asociación
El texto regula en detalle la práctica totalidad de las fases de la gestión de los RAEE, entre las que cabe destacar las medidas para mejorar la trazabilidad de estos residuos y sus requisitos técnicos de tratamiento. También regula las obligaciones de los distintos agentes, la recogida, la preparación para la reutilización y el tratamiento específico, los traslados, la autorización y comunicación, la responsabilidad ampliada del productor, las obligaciones de información a las Administraciones Públicas, la coordinación de las administraciones y el régimen de inspección, vigilancia y control. El principal objetivo es recoger de forma separada el 85% de los RAEE generados a partir de 2019 y se traten valorizando, al menos, entre el 70% y el 85% de su peso, según las categorías de residuos. También se establecen objetivos específicos de preparación para la reutilización de entre el 2% y el 3% a partir de 2017. Esperamos que esta norma solucione los problemas del anterior Real Decreto por el cual sólo el 30% de los RAEE llegaban a las plantas de tratamiento autorizadas.
Como último punto de análisis, queremos enfatizar de nuevo la importancia de incrementar el control y aplicar la legislación de forma rigurosa. Por un lado, para evitar que aguas industriales se traten en instalaciones para las que no están diseñadas ni autorizadas. Este es el caso de las depuradoras de aguas residuales o plantas específicas para residuos orgánicos. También se deben tomar medidas para que los residuos industriales dejen de verterse de forma incontrolada o de aplicarse como corrector de suelo, cuando no tienen esas propiedades. El suelo no puede ser una forma de eliminar residuos. Por otro lado, para que los residuos que tienen características de peligrosidad, como envases de fitosanitarios o envases peligrosos de los residuos domésticos, se gestionen para eliminar esa peligrosidad. Asimismo, el incremento en inspección y control evitaría que se trituren de forma ilegal frigoríficos o transformadores con PCB.
Desde nuestra asociación seguiremos colaborando con todos los agentes relacionados con el medio ambiente para que consigamos recuperar un sector que resulta esencial para generar empleos verdes reales a la vez que se protege el entorno y la salud de las personas.