España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, contestará a la carta de emplazamiento remitida por la Comisión Europea para aclarar si la información aportada hasta la fecha en materia de gestión de residuos debe ser desarrollada o completada. La semana pasada, Bruselas abrió un expediente a España junto con otros 14 Estados miembro por considerar que no cumplen con las exigencias europeas en materia de gestión de residuos tales como residuos, envases, pilas o electrodomésticos. En el caso de España, señala que la información insuficiente es la relativa a pilas y baterías.

Así, la Comisión Europea, de acuerdo con la Directiva 2006/66/CE, de pilas y acumuladores, los Estados miembro están obligados a enviar a la Comisión informes sobre los índices de recogida y tienen varios meses después de final de año para hacerlo. Además, también deben indicar en los informes cómo se han obtenido los datos necesarios para calcular el índice de recogida y a informar sobre los niveles de reciclaje obtenidos en cada año natural para conocer si se han alcanzado los niveles de eficiencia de reciclaje que exige la Directiva. El expediente a España está motivado por considerar Bruselas que se estas exigencias de información se han incumplido en los años 2016 y 2017 en Bulgaria, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, Malta, los Países Bajos, Portugal, Rumanía y Suecia.

Desde Transición Ecológica han subrayado que hasta el momento la Comisión Europea no se había manifestado antes para indicar que la información trasladada desde España fuera insuficiente o incompleta. Si bien, estas fuentes admiten que Bruselas sí se había puesto en contacto con el Ministerio para solicitar aclaraciones puntuales de las informaciones transmitidas con carácter anual. En todo caso, aseguran que España contestará para aclarar si la información aportada debe ser desarrollada o completada.

Si después de la respuesta  de España, que deberá trasladarse a la Comisión Europea en el plazo de dos meses, esta no queda satisfecha, el Ejecutivo comunitario podrá avanzar en el siguiente paso del procedimiento de infracción y que supone un ultimátum para que el Estado miembro corrija las deficiencias o bien, elevará el caso respectivo al Tribunal de Justicia de la UE.

En base a esa regulación, según ha precisado el consejero delegado de Recyclia, José Pérez, la entidad informa a las autoridades competentes en materia de medio ambiente, que son las comunidades autónomas, de "toda la actividad" desarrollada el año anterior "durante el primer trimestre del año en curso". De este modo, añade que oficialmente son las propias comunidades autónomas las que remiten la información al Ministerio y este, a su vez, a la UE y que, en el caso concreto de este expediente a España no conocen los detalles del mismo.

Sin embargo, por el "ánimo colaborador" de los sistemas colectivos de gestión de residuos electrónicos y de pilas, ha subrayado que, al mismo tiempo que informan a las administraciones autonómicas remiten también la información consolidada de la actividad del año anterior al Ministerio para la Transición Ecológica. En cuanto a la trazabilidad, Pérez asegura que está "garantizada" porque está regulada mediante procedimiento administrativo, pero además, ha insistido en que de forma previa a su remisión a las administraciones ambientales, esta información es auditada y verificada por un tercero independiente, para asegurar que no existen errores. También ha observado que se podría trabajar no en la calidad de información que se traslada a Europa sino en mejorar la agilidad de la actualización de esos datos.