España impulsa el derecho a reparar: la nueva Ley de Consumo Sostenible obliga a reparar productos más allá de la garantía
El Consejo de Ministros aprobó en julio de 2025 un anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible que introduce una serie de cambios profundos en el derecho del consumidor y en las obligaciones de fabricantes y distribuidores, con el objetivo de desincentivar el modelo de “usar y tirar” y fomentar la reparación frente a la sustitución.
Contexto legal europeo y objetivos de sostenibilidad
La nueva norma transpone al ordenamiento español dos directivas europeas clave:
- Directiva (UE) 2024/1799, sobre normas comunes para promover la reparación de bienes.
- Directiva (UE) 2024/825, centrada en empoderar a los consumidores con información más clara y luchar contra prácticas comerciales engañosas, incluyendo el “greenwashing”.
Estas directivas forman parte de la estrategia de la UE para impulsar un consumo sostenible y reducir la generación de residuos, alineándose con objetivos de economía circular y de producción y consumo responsables.
Obligación de reparar más allá de la garantía legal
Una de las medidas más innovadoras del anteproyecto es la obligación legal de reparar determinados bienes incluso tras expirar la garantía legal, siempre que:
- El producto esté incluido en el anexo europeo que exige criterios objetivos de reparabilidad (por ejemplo, electrodomésticos grandes, teléfonos móviles y otros bienes que la UE considere reparables).
- La reparación sea técnicamente viable y económicamente proporcionada.
Esto implica que los fabricantes y responsables del producto deberán ofrecer servicios de reparación y garantizar la disponibilidad de piezas de recambio durante un plazo mínimo extendido más allá de la garantía convencional, reduciendo así la obsolescencia y la generación prematura de residuos.
Herramientas para fortalecer el mercado de reparación
Para facilitar la ejecución práctica de estas obligaciones, la ley introduce:
- Un formulario europeo estandarizado de información sobre reparación, que detalla precio, plazos y condiciones de cada intervención.
- La sección nacional de la plataforma europea de reparaciones en línea, que conectará consumidores con servicios de reparación certificados, vendedores de bienes reacondicionados y proyectos de reparación comunitarios.
- Un sistema de cofinanciación de reparaciones, por el que fabricantes, importadores o distribuidores asumirán una parte del coste de las reparaciones fuera de garantía, decreciendo con el tiempo (por ejemplo, 20 % en los dos primeros años, 10 % y luego 5 %).
Estas medidas pretenden corregir la lógica económica que favorece el reemplazo de bienes sobre su reparación y crear incentivos para que los consumidores opten por alargar la vida útil de sus productos.
Transparencia, durabilidad y competencia
El anteproyecto también aborda aspectos complementarios como:
- La obligación de proporcionar información veraz y clara sobre la durabilidad, reparabilidad y disponibilidad de piezas antes de la compra.
- Etiquetas armonizadas que identifiquen productos con garantía comercial de durabilidad superior al mínimo legal.
- Medidas para combatir prácticas como la reduflación (reducción del contenido sin ajuste de precio) cuando no se informa adecuadamente al consumidor.
Impactos esperados en residuos y economía circular
La ampliación del derecho a reparar se considera una herramienta clave para reducir la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y otros bienes duraderos, ya que prolonga su vida útil y disminuye la frecuencia de su desecho. Esta política se integra en un enfoque de gestión sostenible de residuos, fomentando la reparación y reutilización como alternativas al consumo de nuevos productos.
Además, la obligación de mantener repuestos disponibles durante años y reforzar los servicios técnicos puede impulsar la creación de empleo en el sector de la reparación y dinamizar economías locales de servicios posventa.
Conclusión
El anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible representa un paso significativo hacia un modelo de consumo más sostenible en España, al obligar a que ciertos productos sean reparados incluso tras el fin de la garantía legal, apoyando tanto al consumidor como a un mercado de reparación más robusto. Estas reformas, impulsadas por mandatos europeos, buscan reducir el impacto ambiental del consumo masivo, promover la economía circular y disminuir la producción de residuos a través de una mayor durabilidad y reparabilidad de los bienes.
[Este contenido procede de THE CONVERSATION Lee el original aquí]
