Uno de los mayores flujos de residuos que se genera en España es el que resulta de los procesos de construcción y demolición. Por ello, la gestión de los "escombros" es una prioridad en la agenda medioambiental si bien aún se trata de manera "insuficiente", según apunta el Gremio de Entidades del Reciclaje de Derribos (GERD).

A pesar de que España ha logrado grandes avances en la última década y el reciclado se constituye como una alternativa necesaria a los tradicionales vertederos incontrolados, sólo el 30 % de los residuos que se generan en obras, excavaciones y vías de comunicación, entre otros, se someten a los correspondientes procesos de tratamiento y valorización. Unas cifras muy por detrás de países como Holanda (80 % ) y Alemania (70 %), apunta el GERD, y lejos de la normativa europea que exige a los países miembros alcanzar unas tasas de reciclado superiores al 70 % antes de 2020.

El presidente del Gremio, José Ignacio Tertre, señala entre los factores explicativos de esta situación los "condicionantes económicos, legislativos y de educación medio ambiental".

La burbuja inmobiliaria y la efervescencia del sector de la construcción hasta la llegada de la actual crisis financiera han favorecido que cada año se generen en España un promedio de más de 30 toneladas de residuos, de los que el 80 % pueden valorizarse, es decir, someterse a un proceso de reciclaje que tiene como consecuencia la reutilización del material.

Los residuos pasan primero por una planta de clasificación y, posteriormente, se gestionan en una planta de tratamiento, en la que el producto entra como un residuo y sale como un material reciclado listo para reintegrarse en el medio.

Además, los materiales reciclados, principalmente pétreos-hormigones, materiales cerámicos y asfaltos-, sustituyen a los materiales naturales y son más baratos y ecológicos. Así, entre las ventajas de emplear estos áridos reciclados, se encuentran un mayor un mayor ahorro energético, una disminución de la contaminación atmosférica y la disminución de la sobreexplotación de las canteras.

A pesar de que en España existen unas 200 plantas para tratar este tipo de residuos, el GERD denuncia un "problema de competencias" y señala a los ayuntamientos, que son los que otorgan las licencias de obra, como los principales responsables de que muchos de estos escombros acaben en vertederos ilegales. El GERD apunta que la legislación casi no se cumple y, así, se fomenta el vertido ilegal y se "distorsionan" los precios en el mercado.

Los ecologistas también denuncian a las comunidades autónomas por aferrarse a la crisis para justificar la falta de inversión y practicar el depósito de residuos en las canteras, algo totalmente ilegal según el GERD, ya que "ningún residuo de construcción se puede aparcar sin un tratamiento previo", apuntan sus responsables.

Las plantas de reciclado compiten con la ilegalidad y con la paralización de las obras públicas, a las que destinan más o menos el 80 % de los materiales reciclados, con los que se han construido infraestructuras como el anillo verde ciclista de la capital o los accesos a la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas.