Finaliza la consulta pública para reformar la Ley de Residuos tras recibir aportaciones de 130 organizaciones
Una reforma todavía en fase de preparación
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha cerrado la consulta pública previa para la elaboración de un anteproyecto de ley que modificará la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. El periodo de participación permaneció abierto desde el 30 de junio hasta el 3 de septiembre de 2026.
La modificación responde principalmente a la necesidad de incorporar a la legislación española las disposiciones sobre residuos alimentarios de la Directiva (UE) 2025/1892. El Ministerio también plantea aprovechar esta revisión para aclarar determinados aspectos de la normativa actualmente vigente.
En este contexto, más de 130 organizaciones sociales, ambientales, de consumidores y de la economía social han presentado aportaciones a la consulta, reclamando que la futura reforma no se limite a adaptar la legislación española a las nuevas obligaciones europeas, sino que permita mejorar la aplicación efectiva de las medidas ya recogidas en la Ley 7/2022.
Prevención y reutilización como prioridades
Entre sus propuestas, las organizaciones reclaman reforzar la prevención de residuos y la reutilización, de acuerdo con la jerarquía de residuos. Entre las cuestiones que consideran pendientes se encuentra el desarrollo de la obligación relativa a la venta sin envase de determinadas frutas y verduras y la publicación de la relación de productos perecederos excluidos.
También plantean ampliar el peso de los sistemas de reutilización frente a un modelo centrado principalmente en el reciclaje. Entre sus propuestas figuran extender el futuro Sistema de Depósito, Devolución y Retorno a los envases de vidrio e impulsar sistemas de reutilización para el consumo de comida para llevar y el comercio electrónico.
El desperdicio alimentario, dentro de la reforma
El desperdicio alimentario constituye otro de los ámbitos señalados en las aportaciones. Las entidades consideran necesario mejorar la cuantificación del desperdicio en las diferentes fases de la cadena alimentaria para facilitar el diseño y la evaluación de las políticas públicas.
Esta cuestión adquiere especial relevancia porque la revisión de la Ley 7/2022 está vinculada precisamente a la transposición de las disposiciones de la Directiva (UE) 2025/1892 relativas a los residuos alimentarios. La regulación europea también incorpora disposiciones sobre productos textiles y de calzado, cuya transposición en España se está abordando mediante un proyecto de real decreto independiente.
Más control sobre los residuos y los materiales
Las organizaciones también reclaman reforzar los sistemas de inspección, seguimiento, trazabilidad y sanción, así como definir con mayor claridad las responsabilidades de las distintas administraciones. Su planteamiento parte de que algunas obligaciones recogidas en la legislación vigente todavía presentan dificultades para su aplicación efectiva.
Otro de los ámbitos señalados es el control de sustancias peligrosas presentes en productos y materiales destinados posteriormente al reciclaje o a la preparación para la reutilización. Las entidades proponen evitar que materiales que contienen contaminantes orgánicos persistentes entren en estos circuitos.
Fiscalidad y costes de tratamiento
Las aportaciones incluyen asimismo propuestas relacionadas con la fiscalidad ambiental. Las organizaciones plantean destinar la recaudación del impuesto sobre los plásticos a actuaciones de prevención, reutilización y preparación para la reutilización, además de revisar la fiscalidad de determinados productos de plástico de un solo uso.
También proponen elevar y armonizar territorialmente los costes asociados al vertido, la incineración y la coincineración, junto con una reducción del IVA para productos de segunda mano y productos reparados.
Próximo paso: elaborar el anteproyecto
El cierre de la consulta no implica que estas propuestas hayan sido incorporadas a la futura norma. Constituyen aportaciones realizadas durante la fase previa a la elaboración del anteproyecto.
El MITECO deberá ahora avanzar en la preparación de la modificación de la Ley 7/2022, cuyo contenido definitivo tendrá que concretar cómo se incorporan las nuevas obligaciones europeas sobre residuos alimentarios y qué aspectos de la normativa española serán objeto de revisión.






