Hasta la fecha, España no ha contado con una normativa clara y operativa que regulase esta problemática y favoreciese la circularidad de estos residuos textiles, imperando un modelo de recogida y aprovechamiento de estos materiales fruto de la contribución voluntaria de la ciudadanía a través de los contenedores instalados en la vía pública. Y ha sido la economía social, principalmente entidades solidarias como Cáritas, organizaciones como Humana y empresas de inserción como Koopera, quienes se han ocupado de recoger estos residuos selectivamente y prepararlos para la reutilización y el reciclaje. Más de la mitad de los textiles y del calzado desechados que se recogen selectivamente lo hacen empresas de inserción y entidades de la economía social.

El actual modelo de recogida y reutilización de ropa y calzado fruto de las donaciones de la ciudadanía va a evolucionar, en un futuro cercano, a uno nuevo en el que las entidades locales tienen el reto de propiciar la recogida selectiva de la mayor cantidad posible de textil y calzado desechados. 

La necesidad de actuación por parte de la administración en este ámbito ha propiciado que desde la Unión Europea se haya establecido que el 1 de enero de 2025, como fecha límite, los Estados miembros deberán implantar la recogida separada de residuos textiles y que la recogida separada y el transporte a plantas de tratamiento específicas de residuos textiles y del calzado sea un servicio municipal de prestación obligatoria para todas las entidades locales.

Pero esta nueva normativa trae consigo importantes desafíos de gestión. Por ejemplo, la obligatoriedad de su recogida selectiva y posterior tratamiento, hará crecer el volumen de textiles a gestionar y aumentará el porcentaje de la fracción no reutilizable. En este contexto, los sistemas de responsabilidad ampliada de los productores del sector textil y del calzado (SCRAP), que entrarán en vigor en abril de 2025, tendrán la obligación de reintegrar los costes derivados a las haciendas locales.

El Gobierno español tiene una gran oportunidad en este momento inicial, de aprobar un Real Decreto que posibilite que el sistema de recogida, clasificación, preparación para la reutilización (incluida la reparación), reutilización, reciclaje y, en última instancia, valorización energética, esté suficientemente financiado y coordinado, inciden desde Koopera.