Según informa el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, los frigoríficos eran destruidos en centros no autorizados con técnicas rudimentarias que suponían la liberación de gases destructores de la capa de ozono, en cantidades que oscilan entre los 70.000 y los 99.000 kilos de CFC y HCFC, que se traduce en más de 500 millones de kilos de CO2.

La Comunidad Autónoma de Madrid y la provincia de Zaragoza han sido los emplazamientos geográficos de la investigación desarrollada durante los últimos siete meses. Resultado de esta operación, se han intervenido 1.300 frigoríficos que se pretendían gestionar al margen de la legislación vigente. Así, en lugar de entregar los electrodomésticos a plantas autorizadas, eran llevados a chatarrerías e industrias diversas, donde se trataban sin ninguna consideración específica. Posteriormente, se hacía negocio vendiendo el material a fundidores y otras industrias que reciclaban componentes.

La operación llevada a cabo por la Guardia Civil ha supuesto incluso la investigación de alguna planta de reciclaje autorizada.

Primera operación con residuos tóxicos

Esta investigación y sus hallazgos, liderada por la Fiscalía de Medio Ambiente, ha constituido la primera gran operación desarrollada en materia de gestión de residuos tóxicos.

De este modo, además de los delitos medioambientales, el procesado ilegal de los electrodomésticos conllevaba estafas, cobrando tasas de eliminación ecológica de los frigoríficos entregados al adquirir los nuevos, sin nunca llegar a efectuar tal operación. También se imputa a los responsables por apropiación indebida, ya que los transportistas vendían los frigoríficos retirados a instalaciones no autorizadas, en lugar de llevarlos a plantas legales.

Todos los materiales intervenidos han sido depositados en un centro de almacenamiento temporal autorizado a disposición de la Fiscalía de Medio Ambiente.