Según Greenpeace, el Plan es similar a los de otras Comunidades Autónomas y no se siguen las prioridades y jerarquía que indican tanto la Directiva marco de Residuos (DMR) como la recién aprobada Ley de Residuos y Suelos Contaminados. Si bien estas normativas indican que los pasos a seguir son reducir, reutilizar, reciclar, incinerar (denominado valorización energética) y verter, el PTER centra sus recursos en construir una incineradora.

Así pues, las cifras presentadas por el Cabildo señalan que para el “fomento de la prevención en la generación de residuos y su peligrosidad”, primera prioridad de la jerarquía, el PTER dedica 0,21% del presupuesto total; para la segunda, “fomento de reutilización de residuos”, el gasto es del 0,0024%. La creación de una incineradora se llevaría según lo planeado el 43% del presupuesto, más de 214 millones de euros.

La justificación que se ofrece sobre la necesidad de la planta indica que será una “instalación de valorización energética de los rechazos de las otras plantas” y que quemaría 360.000 toneladas al año. Si se tiene en cuenta que el Plan contempla que en 2011 en Gran Canaria se generarán 489.906 toneladas de residuos urbanos, el funcionamiento de la planta supondría incinerar el 73,5% de las basuras.

De aprobarse el Plan propuesto por el Cabildo de Gran Canaria, dejaría pocas salidas a la isla haciéndola incumplir los objetivos fijados para 2020 por la DMR que establece que se recupere al menos el 50% de los residuos. Por ello, ha surgido en la sociedad canaria una plataforma denominada La Incineración No es la Solución y que persigue presionar al Cabildo para que se procure un correcto tratamiento de los desechos, tal y como se reflejó en gestoresderesiduos.org.