La nueva tasa de basuras encarecerá la tributación por la vivienda a todos los ciudadanos a partir de abril de 2025. La ley de residuos y suelos contaminados para una economía sostenible, aprobada en abril de 2022, obliga a todos los ayuntamientos a poner en marcha esta tasa con el objetivo de financiar el servicio de recogida y tratamiento de basuras, así como el de reciclaje.

Hasta el momento, la tasa de basura era opcional en cada municipio, como cualquier otra tasa (solo son obligatorios los impuestos). Sin embargo, esta ley, por primera vez hace obligatoria una tasa a nivel nacional.

Fuentes de la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local (ANIHPL) señalan a El Economista que esta nueva tasa traerá muchos conflictos desde el primer momento que empiece a funcionar. En primer lugar porque todos los ciudadanos, tanto aquellos que ya paguen una tasa de basura, como los que no, verán incrementada de forma "notable" la presión fiscal. Y por extensión, los impuestos que ya pagan por su vivienda, como el IBI. Aquellos que ya abonan la tasa en sus municipios, probablemente sufrirán una subida, ya que el consistorio deberá sufragar con ella completamente (tal y como obliga la ley) el coste del servicio de basura, y aquellos que no la pagan, comenzarán a hacerlo en 2025.

Desde la asociación señalan que es imposible conocer cuánto subirá la presión fiscal –dependerá del coste del servicio de basura de cada municipio y de su número de habitantes–, pero indican que no dejará de ser una mayor tributación relacionada con la vivienda. "La tasa va a afectar notablemente a cada vivienda, salvo que haya ayuntamientos quieran compensarla por medio de una bonificación fiscal, que algunos ya trabajan en eso, pero si no, la presión impositiva se va a incrementar", indican.

Asimismo, la asociación denuncia que esta nueva obligación va a traer mucha litigiosidad, incluso más de la vivida con el impuesto de la plusvalía municipal que, finalmente, tumbó el Tribunal Constitucional en 2021. Entre los motivos de esta litigiosidad, destacan que cada ayuntamiento va a articular la tasa de una manera diferente. La Ley de 2022 que obliga a los consistorios a imponerla estableció este nuevo deber en un único párrafo, de forma "parca" y con "deficiente técnica legislativa".

"En un párrafo que abre muchas dudas y muchos problemas", denuncian los inspectores. "Si el legislador hubiese articulado la obligación a través de un impuesto, estarían todos los elementos del mismo mucho más claros, pero se ha trasladado el problema a los ayuntamientos y cada uno lo va a hacer a su manera. Muchas van a ser impugnadas y serán los tribunales los que finalmente lo resuelvan", explican las mismas fuentes.

Además, la ley establece que cada ciudadano debe abonar la tasa en función de la basura que genere. Los inspectores de Hacienda local consideran que este aspecto también traerá una importante litigiosidad porque, al final, es muy difícil evaluar y demostrar cuánta basura crea cada persona. La Ley de 2022 transpone una Directiva europea en materia de medioambiente. Sin embargo, la norma de la UE no exige que todos los ayuntamientos establezcan una tasa, solo que el Estado tome medidas y lo regule. "En España, el legislador traslada el problema directamente a los consistorios", dicen.

La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local celebró los días 7 y 8 de noviembre su Congreso Anual en Granada en el que presentó el Libro Blanco con una batería de medidas para reformar la nueva tasa de basuras. "Va a ser protagonista porque puede convertirse en un nuevo escándalo en materia de anulaciones, devoluciones y recursos", concluyen.

[Este contenido procede de El Economista. Lee el original aquí]