Los portavoces de la Asamblea se han reunido el pasado lunes en Madrid para llevar a la Moncloa el documento de propuestas que creen se deberían poner en marcha «con urgencia», como por ejemplo implantar un modelo energético con «control público», «minimizar» los vuelos domésticos en España «cuando haya alternativas de tren», o adoptar un pacto de Estado para asegurar políticas climáticas a largo plazo.

Los asamblearios, que por primera vez han hablado públicamente sobre el proceso (pues firmaron un acuerdo de confidencialidad al comienzo para asegurar el derecho a la intimidad de los ciudadanos y para evitar que posibles presiones externas perturbaran la deliberación), destacan entre sus recomendaciones la que pide «sensibilizar sobre el concepto de decrecimiento». Esta medida, apoyada por casi un 93% de la Asamblea y que también aboga por «regular la publicidad y los mensajes proconsumo visibilizando el impacto del consumo sobre el cambio climático», no implica empobrecerse, matizan los portavoces.

Eduardo Martín, uno de los miembros de la Asamblea, opina que en general lo más importante de este ejercicio de participación e inteligencia colectiva ha sido «bajar a la ciudadanía el diálogo sobre cambio climático», que suele estar en el ámbito de los especialistas, e invitar así a participar en la transición ecológica al conjunto de la sociedad.

Aunque él ya estaba concienciado con la crisis climática antes de ser elegido para este proceso, Martín asegura estarlo ahora todavía más, pues en las primeras sesiones los asamblearios recibieron información por parte del grupo de especialistas en ámbitos como la economía, la física o la biología, materias necesarias para entender la ciencia y los impactos del cambio climático.

Este extremeño juzga que muchas de las medidas aprobadas por la Asamblea deberían ser vinculantes y tener un efecto político directo, ya que aunque entiende «la complicación que suponen estos procesos», sostiene que «hay algunas que son muy claras y que son urgentes», como «tipificar el ecocidio, plantear reducciones de la jornada laboral, introducir el teletrabajo o impulsar comunidades energéticas».

Otra de los portavoces destaca sobre todo «la independencia» que han tenido los ciudadanos a la hora de esbozar las propuestas, que para su aprobación e inclusión en el informe final han contado con más del 90 % de apoyos en la Asamblea. «Los expertos han estado a nuestro servicio, hemos sido nosotros quienes hemos trasladado las preguntas y les pedíamos que nos hablaran de un tema u otro», alega.

Por formar parte de la Asamblea (que convocó a los 100 ciudadanos un fin de semana de cada mes, sábado y domingo, unas cinco horas cada día, desde diciembre hasta mayo), los participantes cobraron el equivalente diario a lo que reciben los miembros de una mesa electoral. Que los asamblearios cobren a cambio de su tiempo es habitual en estos procesos de deliberación, puesto que es una forma de asegurar que en ellos participen personas de diferentes contextos socioeconómicos y no solamente quienes tengan más poder adquisitivo y puedan permitirse dedicar horas a ello (sacrificando otras tareas de cuidados o profesionales).

Los que no recibieron compensación económica fueron los miembros del grupo de expertos que informó a la Asamblea, que incluía a científicos como Fernando Valladares, investigador en el CSIC; activistas como Miriam Leirós, portavoz de Teachers for Future Spain, o expertos en la relación entre empleo y crisis ecológica como Joaquín Nieto, exdirector de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo para España. «Nosotros nos hemos abstenido de hacer una sola de las recomendaciones, todas las 172 han salido de las personas de la Asamblea», ha asegurado a EFE Joaquín Nieto, quien ha resaltado además el «conocimiento diverso» que se ha proporcionado a los ciudadanos, con unas visiones más científicas y otras más centradas en la dimensión social de la crisis climática.

Nieto también subraya la apuesta por el decrecimiento entre las propuestas plantadas por los ciudadanos, ya que alega que «hay que cambiar en profundidad todas las formas de trabajar, producir y consumir, y entre ellas también la idea de crecimiento económico tal y como existe», aspecto que «ha salido en la Asamblea y se palpaba, y no ha sido controvertido, sino que ha habido un consenso». 

[Esta noticia fue publicada originalmente en EFE VERDE. Lee el original aquí]