La Guardia Civil, en el marco de las operaciones “Fragmentados” y “Melos”, dirigidas por la Fiscalía de Medio Ambiente, ha imputado a 178 personas en varias provincias, por la gestión ilegal de más de 200.000 electrodomésticos desechados durante los últimos años. Los imputados se apropiaban de los aparatos desechados y con técnicas rudimentarias que impedían recuperar los gases CFC,s y HCFC,s, los reparaban y los ponían a la venta. 

La operación "Fragmentados" comenzó en el mes de mayo y ha culminado con la imputación de 119 personas por su presunta implicación, en distintos grados de participación, en la gestión ilegal de miles de frigoríficos y lavadoras. En lugar de proceder a su traslado a un gestor autorizado, de acuerdo a las normas medioambientales vigentes, se apropiaban de ellos y los vendían en tiendas de segunda mano. 

A lo largo de estos meses de investigación se llevaron a cabo distintas acciones de seguimiento de las actividades ilegales que se estaban llevando a cabo, finalizando con inspecciones e imputación de varias personas en las provincias de Alicante, Barcelona, Murcia y Valencia. 

Al mismo tiempo, la Comandancia de Málaga llevaba a cabo una operación paralela, denominada “Melos”, que conllevó la imputación de otras 59 personas en esta provincia, en la que también se habían efectuado diversas inspecciones.

Gracias a esta operación se ha constatado también el mal uso en la gestión de estos electrodomésticos, con las graves consecuencias que para el mantenimiento de la capa de ozono supone este hecho. A los implicados se les imputa la comisión de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, apropiación indebida y receptación.

Tras tener conocimiento de las posibles irregularidades a través de varias denuncias recibidas, la Fiscalía de Medio Ambiente lo comunicó al SEPRONA para que realizase las gestiones oportunas, comprobando que en muchos casos los frigoríficos usados eran retirados por transportistas que, en lugar de trasladarlos hasta las plantas pertinentes, los vendían en tiendas de segunda mano y chatarrerías, o los depositaban en instalaciones no autorizadas.

Los frigoríficos eran llevados a intermediarios que evaluaban las posibilidades de negocio de los aparatos, recomponiendo algunos para su venta como usado; extrayendo de otros los componentes por partes para su comercio; y vendiendo los restantes a chatarrerías e industrias diversas. 

El volumen más importante de actividad se centró entre las ciudades de Barcelona y Santa Coloma de Gramanet, habiendo procedido a la inspección de 21 centros de venta en ambas ciudades y a la incautación de 1739 frigoríficos.

En Santa Coloma de Gramanet se llevó a cabo el control de movimientos del almacenista de mayor importancia en toda la operación, al que se le incautaron casi la mitad de todos los frigoríficos intervenidos, siendo fundamental el apoyo recibido de la Guardia Urbana de esta ciudad, que aportó lo necesario para garantizar la seguridad de los operativos y la movilidad vial de la zona afectada.

Han colaborado activamente el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Alimentación, la Inspección de Trabajo de Barcelona y la Fundación ECOTIC.