Desde Ecologistas en Acción están de acuerdo en que se prime el reciclaje de esta forma. "Es lo más justo y democrático. La gente se tiene que responsabilizar de lo que hace. Igual que pagamos el consumo de agua por los metros cúbicos que consumimos, si generas más residuos debes pagar más y, si no separas los residuos y los entregas de forma mezclada, también deberías de pagar más". A su juicio, "hasta ahora ha habido barra libre y los ayuntamientos tienen que poner orden".

Arribas remarca que el problema se sitúa en que los costes de gestión de basura han aumentado. "Hay una tasa nueva al vertido de los residuos que está aproximadamente entre 30 y 40 euros más y un nuevo impuesto asociado a la emisión de gases de efecto invernadero. Con esto, el importe ha ascendido mucho, en algunos casos los ayuntamientos pagan más de 100 euros al año", informa.

En el artículo 12.5 de la norma se delimitan las competencias municipales como la asunción de servicios obligatorios, la aprobación de programas de gestión de residuos, la potestad sancionadora, la elaboración de estrategias de economía circular y la determinación de la forma de depositar los residuos, entre otras.

El cálculo de este impuesto se elabora teniendo en cuenta los gastos que incluyan la recogida, el tratamiento, la vigilancia de vertederos y las campañas de concienciación. El porcentaje también incluirá los ingresos que se puedan obtener de la tasa. Las ordenanzas municipales deben determinar cuánto van a ingresar por esa tasa, restando a los gastos los ingresos que vayan a obtener del reciclaje.

Los municipios españoles no gestionarán de igual manera la subida del impuesto. De hecho, dependerá de lo que ya estén cobrando. Según el análisis de la Fundación ENT sobre los presupuestos municipales de 2021, en Andalucía, Asturies, Illes Balears, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y La Rioja los ingresos superan a los costes. En Madrid, sin embargo, los ingresos solo suponen un 20% de los gastos; en Extremadura, el 65%; en Canarias, el 67%; en Catalunya, el 69%; en el País Valencià alcanzan el 71%; en Galicia, el 75%; en Cantabria, el 83%; en Aragón, el 90% y en Murcia, el 98%. 

En el caso de Madrid, Guillermo Martín, portavoz de medio ambiente del grupo socialista, aclara a este medio que la subida de la tasa de gestión de residuos a la que se ven afectados los ayuntamientos se ha producido porque "la Comunidad se ha desentendido y ha dejado a cargo de los costes adicionales a los municipios que ahora tienen que pagar más por las inversiones que han de asumir en las mancomunidades".

"La tasa de residuos lo único que hace es penalizar al enterrar basura y beneficiar a quien recicla con un cobro de tasa menor", asegura el portavoz del PSOE. Martín opina que la tasa de basuras ayuda a los municipios que no tienen la cantidad de dinero necesaria para gestionar el tratamiento de residuos. "El objetivo del Gobierno es primar el reciclaje, si quieres pagar menos tasa tienes que llevar menos cosas al vertedero", explica.

Alodia Pérez, diputada de Más Madrid, comenta a Público que la Comunidad no ha entendido que la tasa de residuos forma parte de la fiscalidad ambiental y tiene como finalidad cambiar las dinámicas hacia prácticas más sostenibles. "En lugar de usar el impuesto de vertido e incineración de residuos para que los municipios avancen en incrementar el reciclaje, para además reducir el pago de tasas por parte de sus vecinos, la Comunidad seguirá llevando al vertedero la mayoría de los residuos y criticará al Gobierno estatal por la tasa", agrega la diputada Pérez.

Arribas expone que actualmente lo que recogen los ayuntamientos con las tasas no es suficiente para hacerse cargo de los costes reales del servicio que, según el miembro de Ecologistas en Acción, muchas veces lo proporcionan empresas concesionarias y no el propio ayuntamiento. No obstante, algunos municipios de la Comunidad no se verán perjudicados por esta subida. Fuentes municipales de Fuenlabrada han informado a Público de que la ciudad madrileña tiene unos niveles de recogida selectiva favorables "porque los importes van asociados a que no tienen pérdidas de inversión", señalan.