Las principales ONG conservacionistas han pedido al Gobierno que “ponga barreras” al traslado de residuos por España y que no equipare este transporte al de mercancías, “basándose en la libertad de tránsito”.

El Gobierno prepara un Real Decreto que regulará este traslado y que se basa “en el respeto de los principios de la unidad de mercado y de libre circulación de mercancías”, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El Decreto tendrá también en cuenta el cumplimiento de normas de protección medioambiental para hacer seguros esos traslados y garantizar la trazabilidad de los residuos, según estas fuentes.

Traslados de residuos

En el nuevo régimen de traslados se prevé además la supresión de la presentación de las notificaciones previas de traslado de residuos peligrosos en el Ministerio, cuando hay varias comunidades autónomas afectadas (las comunidades de tránsito), o la previsión de tramitación electrónica de la documentación de los traslados.

Las ONG consideran que este texto debe establecer muy claramente las condiciones de este transporte y primar, por ejemplo, la proximidad geográfica, de tal forma que si en una comunidad no hay incineradora, ésta traslade sus residuos a la comunidad más cercana que sí la tenga.

“Lo que no puede ser es que haya incineradoras como la de Mallorca, que por falta de material importan incluso residuos del extranjero”, han destacado Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra.

Paco Segura, responsable de Ecologistas en Acción, y Liliane Spendeler, de Amigos de la Tierra, han explicado que no se puede perder de vista la jerarquía establecida por la UE para el tratamiento de los residuos: primero reducción, luego reutilización o reciclaje, en tercer lugar incineración con recuperación energética, y finalmente incineración sin recuperación energética o vertedero.

El tema de los residuos fue tratado ayer por la ministra, Isabel García Tejerina, en la reunión del Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), órgano integrado por ONG, sindicatos, asociaciones agrarias y confederaciones empresariales.

En este encuentro, Tejerina informó también del apoyo de España a la propuesta de la Comisión Europea sobre el marco regulatorio en materia de clima y energía para el periodo 2020-2030.

García Tejerina detalló que sus objetivos principales son, entre otros, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 40 % en 2030, respecto a los niveles de 1990.

Las ONG han pedido a España la “máxima ambición” en cuanto a estos objetivos, porque, según ha comentado la directora de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, “el país tiene una doble responsabilidad ante el cambio climático por su vulnerabilidad y su biodiversidad”.

Ruiz ha reclamado que se pongan en marcha las acciones concretas contempladas en el plan de adaptación al cambio climático para evitar consecuencias económicas “nefastas” en sectores clave como el turismo o la agricultura y para paliar el aumento de las sequías extremas, las inundaciones y los incendios.