Los lixiviados de la discordia: un conflicto de residuos enfrenta a País Vasco y Navarra
De Zubieta a Artajona hay 94 kilómetros por carretera. Durante 2022 y hasta casi el final de 2023 camiones cisternas trasladaron unas 5.400 toneladas de lixiviados líquidos procedentes del denominado Complejo Medioambiental de Gipuzkoa (CMG-I), un recinto público que incluye una incineradora y una planta de tratamiento mecánico-biológico. Tuvieron como destino la planta de tratamiento Ecofert Sansoain, que se dedica a producir abonos y fertilizantes. El Gobierno de Navarra ha clausurado de manera cautelar la empresa en su territorio y le ha impuesto multas por valor de exactamente 100.002 euros porque considera “ilegal” la recepción de este material, ya que estas instalaciones no tienen autorización para recibir residuos líquidos. [Ver además: Investigan el envío de residuos incorrectamente codificados procedentes de Zubieta]. La Diputación de Gipuzkoa, por el contrario, se ha revuelto contra Navarra por las “falsedades” lanzadas.
Su responsable de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, es el presidente del consorcio de residuos del territorio (GHK, por sus siglas en euskera), y defiende totalmente la legalidad en la gestión del CMG-I en general y de la incineradora en particular. Navarra, sin embargo, no ha hecho más que refrendar lo que la Fiscalía ya apuntó en una denuncia en octubre y que, según su criterio, puede constituir un delito de “falsedad documental” puesto que, además del envío, se realizó con un código correspondiente a “lodos” y no a “lixiviados”. Asensio está imputado en un juzgado, aunque en varios meses no ha recibido ni una sola notificación al respecto. Pero sí logró que la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, dijera públicamente que Gipuzkoa es un modelo en la política de gestión de residuos.
Desentrañamos algunas claves de la polémica entre Zubieta y Artajona con escenario también en Donostia, Vitoria y Pamplona, sedes de los Gobiernos guipuzcoano, vasco y navarro, todos ellos con una composición política muy similar, coaliciones de PNV y PSE-EE los dos primeros y de PSN, Geroa Bai (la marca del PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros) en el tercer caso.
El juzgado de Instrucción 5 de Donostia es el que investiga el trasiego de lixiviados desde Zubieta a Artajona (y a Sader en Bilbao). La magistrada titular de la sala es Silvia Villanueva, pero de modo interino la plaza es de Maider Imaz. En octubre se emitió un auto de apertura de diligencias y, básicamente, se comisionó al Seprona de la Guardia Civil, la unidad de investigación de delitos ambientales, para que ejerciera como Policía judicial. La Guardia Civil está investigando, pero en los tribunales va todo más lento. Cuatro meses después apenas se ha acordado aceptar la personación en el proceso de GuraSOS (previo abono de una fianza) y de Sader, cuyo abogado es Oriol Guardiola. GuraSOS ya ha registrado escritos instando a impulsar la investigación y, como hito destacado, persigue que la 'número dos' de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ratifique en sede judicial lo que ha dicho públicamente el Ejecutivo foral: que el envío de 5.400 toneladas de lixiviados a Artajona fue “ilegal”. La causa tiene como plazo ordinario de finalización octubre de este año, aunque podrían ser posibles prórrogas.
Si la causa se conoció en octubre, en noviembre EH Bildu formuló una petición de información a Medio Ambiente de Navarra en el Parlamento foral. El consejero José María Aierdi de Geroa Bai (pero no de la parte del PNV de esa coalición) envió un informe en diciembre en el que señalaba que los lixiviados se habían enviado “incorrectamente” desde Zubieta a Artajona y en el que confirmaban unas primeras actuaciones en relación a Ecofert Sansoain. GHK reaccionó obviando que las consideraciones y críticas las había realizado el Gobierno de Navarra y enviando un “desmentido” a los medios de comunicación que las recogieron, entre ellos elDiario.es. Recalcaron que el CMG-I había operado siempre dentro de la legalidad.
Aquello se dio el 11 de diciembre. Llegó la Navidad y, justo a la vuelta del período vacacional, en enero, otra formación de la oposición en Navarra, UPN, se sumó a EH Bildu y preguntó en el Parlamento por el asunto. Aierdi y su 'número dos', Ana Bretaña, comparecieron en una comisión de Medio Ambiente. Lo que en diciembre era “incorrecto” en enero había pasado a ser considerado “ilegal”. En un trabajo realizado con apoyo de la Guardia Civil, la Policía Foral, el Guarderío forestal y técnicos de Medio Ambiente, se habían realizado inspecciones en Ecofert Sansoain y en la cercana Desarrollos Ambientales Lacoya, del mismo dueño, y se hizo saber que habían constatado la llegada de lixiviados cuando esta planta no tiene autorización para ello. Se puso en evidencia que, además, habían llegado codificados como “lodos”. En una parte procedían de Zubieta. Aierdi tiene el pleno respaldo de la presidenta socialista y compañera de partido de Asensio, María Chivite. Navarra ha clausurado cautelarmente Ecofert Sansoain, aunque por el momento no ha constatado que esos residuos hayan contaminado acequias o hayan generado un problema de salud pública. A Artajona llegaron también 9.000 toneladas de lixiviados irregulares desde Tudela, procedentes en este caso de una empresa privada.
Ekondakin y Ecofert Sansoain firmaron el traslado de residuos en un contrato. Allí se aludía a unas 200 toneladas. Cuando GuraSOS avisó del problema sus datos apuntaban a unas 2.000. Finalmente Navarra ha contestado que llegaron a ser 5.400. Un dato muy llamativo es que no cesó el envío de residuos desde Zubieta hasta el 20 de diciembre a pesar de que desde octubre se conocía la denuncia de la Fiscalía y desde el 11 de diciembre las primeras consideraciones al respecto del Gobierno navarro. Además, correos electrónicos a los que ha tenido acceso este periódico muestran que quien pidió parar la operativa no fue GHK. Lo hizo Ecofert Sansoain, ya ahogada por las inspecciones y en puertas de ver cerrado el negocio. Incluso se deja entrever en esas comunicaciones entre los gestores de GHK que desconocían el motivo de esta paralización. Ese contrato apunta también a que lo que se movería serían residuos con código 19 08 12. Estos números son conocidos como LER y forman parte de un listado para toda la Unión Europea. Una simple búsqueda en Google muestra que ese número equivale a “lodos” y no a “lixiviados”. Navarra ha dejado claro que a Artajona podían llegar partidas de 19 08 12 pero nunca lixiviados. Gipuzkoa no ha sido clara con este punto: ¿consideran que son lo mismo lodos que lixiviados? En Sader, la empresa de Bilbao que también ha recibido los mismos residuos del CMG-I, entienden que el 19 08 12 es una codificación orientativa. En otros negocios se han empleado LER diferentes para lixiviados, también en Euskadi.
En medio del debate se ha cruzado también el Gobierno vasco. Aunque el CMG-I es de la Diputación, el área de Medio Ambiente del Gobierno vasco es el órgano que autoriza y controla la actividad. Los documentos internos que se han conocido muestran que desde Zubieta se informaba de movimientos a Artajona y Bilbao con código 19 08 12 pero descritos como lixiviados, lo que es incoherente. El asunto ha alcanzado tal dimensión que han hablado de ello tanto la consejera del ramo, Arantxa Tapia, como el lehendakari, Iñigo Urkullu, ambos del PNV. La primera ha defendido la “legalidad” de la operativa en Zubieta. El lehendakari dijo desconocer por qué Navarra había actuado contra Ecofert Sansoain. La Fiscalía, tras su preinvestigación, sí que desechó la tesis de GuraSOS de que el órgano de control ambiental pudiera ser corresponsable de las irregularidades. Eso sí, no descartó que la investigación judicial pudiera suponer cambios en ese sentido.
[Este contenido ha sido reelaborado a partir de El Diario. Lee el original aquí