La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ha iniciado las obras para la construcción de cinco puntos limpios de recogida de residuos urbanos en sendos municipios andaluces. Estas instalaciones, que cuentan con un presupuesto total de más de 2,1 millones de euros, se localizan en los municipios de Alcalá de Los Gazules y Tarifa, en la provincia de Cádiz; Bonares, en Huelva; y Aznalcóllar y San José de la Rinconada, en Sevilla.  

Con esta actuación, que beneficiará a una población aproximada de 69.600 habitantes y generará más de 9.000 jornales, la Junta pretende dotar a estas localidades de una adecuada infraestructura para la gestión de los residuos urbanos. 

Los puntos limpios son lugares acondicionados convenientemente para la recepción y acopio de residuos domésticos, aportados por particulares y que no deben ser depositados en los contenedores habituales situados en la vía pública. Las instalaciones de recogida selectiva están dotadas de viales, áreas de carga y descarga, contenedores para residuos específicos y cerramiento perimetral. 

Todas estas infraestructuras están preparadas para recibir residuos de aceites usados de cocina y automoción, pilas usadas, material de fotografía y radiografías, mobiliario y madera, escombros, residuos líquidos (disolventes, barnices, tintes...), vidrio, cartuchos de tinta y tóner de impresoras, chatarra, aparatos eléctricos y electrónicos, baterías y filtros, envases y residuos de envases, fluorescentes, textiles, papel y cartón, y restos de poda y jardinería.  La construcción de estos puntos limpios, financiados con fondos europeos de Cohesión de la Unión Europea, se enmarcan dentro del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos de Andalucía.

Estas instalaciones  son elementos claves para el desarrollo de la normativa estatal que regula la gestión de los aparatos y residuos de eléctricos y electrónicos. Mediante esta disposición, la Junta pretende potenciar su recogida selectiva, fomentar la creación de sistemas integrados de gestión autorizados e intensificar la construcción de infraestructuras para su tratamiento.

La normativa comunitaria impone a los países miembros la obligación de tratar adecuadamente los residuos, por lo que es necesario la implantación de instalaciones de tratamiento o de recuperación de los productos reutilizables; así como de puntos limpios, plantas de transferencia y centros de acondicionamiento. 

Por su parte, la Ley autonómica de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental tiene como prioridad la reducción de la producción de los residuos en origen, la reutilización y el reciclaje. El destino final de las basuras deberá orientarse a su valorización, fomentando la recuperación de los materiales y depositando los residuos en vertederos cuando no existan otras alternativas viables. Según esta norma autonómica, los municipios deben disponer de puntos limpios para la recogida selectiva de residuos de origen domiciliario.