En la anterior intervención sobre esta temática se apuntaba que los planes autonómicos de residuos no parecen pasar por su mejor momento, y apuntábamos dos aspectos que parecían generar problemas, y que eran:

Decíamos también, que todo ello tiene solución. Nos toca ahora demostrarlo.

La primera de las cuestiones es, aparentemente, sencilla, puesto que la entrada en vigor de la nueva Ley de Residuos (Ley 22/2011) ha eliminado el precepto conflictivo, y por tanto ya no se hace necesario identificar los emplazamientos de las instalaciones de eliminación de residuos, sino que basta con aportar “Información sobre los criterios de ubicación para la identificación del emplazamiento y sobre la capacidad de las futuras instalaciones de eliminación o las principales instalaciones de valorización” (Anexo V, punto 1.d).

Sin embargo, dado que no existe un desarrollo normativo que clarifique este asunto, sigue habiendo muchas indefiniciones susceptibles de interpretación por parte de un tercero (incluyendo un magistrado), que pudieran conducir a la anulación de un Plan. Esto requiere ahondar un poco en el asunto de los criterios de ubicación.

Empecemos por decir que el cambio es, a nuestro entender, muy positivo. Ciertamente, es difícil que la Administración establezca ubicaciones precisas para instalaciones, cuando no puede asegurar ni la disponibilidad de terrenos (recordemos que los propietarios de los mismos son el primer obstáculo, y que los Ayuntamientos tienen mucho que decir en la autorización de una instalación); ni que la oposición popular que este tipo de infraestructuras suele generar impida el desarrollo en ese emplazamiento; ni que el resultado del procedimiento al que posteriormente habrán de sujetarse esas instalaciones (evaluación de impacto ambiental y/o autorización ambiental integrada, como mínimo) va a resultar adecuado a los intereses manifestados en un plan regional. Por eso se nos antoja a todas luces más razonable, que las Administraciones se limiten a identificar criterios para valorar la idoneidad o no de una implantación.

Ahora bien, no es un tema menor el identificar dichos criterios y, sobre todo, ver cómo se aplican. El abordaje más sencillo del problema, es una definición en negativo: identificar aquéllos criterios que delimitan áreas en las cuáles NO podrá implantarse una infraestructura determinada. Veamos con qué problemas nos encontramos en este planteamiento:

Por tanto lo primero será identificar a qué tipo de instalaciones aplican los criterios, o plantear criterios independientes para cada una de ellas. Y establecer, en lo posible, dimensiones mínimas a las cuáles aplicar el criterio, así como otras condiciones, como que la instalación de eliminación sea ampliación de una existente, o de servicio a otra planta (p.ej. el vertedero inevitablemente asociado a una central térmica de combustión).

Seguimos.

Seguimos.

Sí, sé lo que están pensando: que al menos “estamos del lado de la seguridad”. Pero en ocasiones no será así.

Otro ejemplo: si no lo pensamos demasiado, propondremos sin dudarlo el excluir infraestructuras de eliminación de los cauces permanentes o temporales (los vertederos, por ejemplo, se llevan mal con el agua). Pero si lo pensamos una segunda vez, ¿acaso no se construye la mayor parte de los vertederos aprovechando fondos de valle (que son por tanto cabeceras de cuencas y, obviamente, áreas por las que en algún momento discurren aguas que se pueden llamar “cauce”)? Y ¿acaso no es esa una decisión técnica (y ambientalmente) adecuada?

Así que no es cuestión menor proponer esos criterios de exclusión con un mínimo de rigor técnico.

Los procesos administrativos para la autorización de un determinado tipo de instalación de gestión de residuos son claros y bien determinados, y pueden incluir (o no) autorización ambiental integrada, evaluación de impacto ambiental, autorización de gestor, y licencia de actividad o equivalente, entre otros trámites. Pues bien: la normativa (en algunos casos básica) que regula estos procedimientos no dice en ningún sitio que hayan de examinarse los planes territoriales para decidir a priori, sobre la idoneidad del emplazamiento al respecto de dichos criterios.

Hay vericuetos para aplicarlos, es cierto. Pero no deja de existir una cierta inseguridad jurídica, más aún si el Plan se aprueba por alguna figura legal “menor” como un Acuerdo de Junta de Consejeros, en lugar de dotándole de un rango legal sustantivo (Decreto o Ley).

Porque, si el administrado no está de acuerdo con cómo se han aplicado los criterios susodichos a su caso particular, ¿en qué vía recurre la decisión? ¿en base a qué fundamentos de derecho?.

Por ese motivo consideramos adecuado que en el plan autonómico se limiten los criterios que son realmente excluyentes o de prohibición de implantación, a aquellas características del territorio más claras (considerando las cuestiones anteriores), como figuras de protección especial; y definir una serie de criterios, que se pueden denominar “de idoneidad” o “diferenciadores” que deberán ser tenidos en cuenta y ser valorados en los análisis de alternativas de emplazamiento de cada instalación, dentro de los procesos administrativos anteriormente mencionados. Sin embargo, ello no resuelve completamente la inseguridad jurídica que comentábamos.