Este proceso electoral está caracterizado por una creciente desafección hacia las Instituciones Comunitarias en muchos países de la Unión y por el “euroescepticismo” que ha arraigado en muchas personas ante las medidas de austeridad y recortes financieros por parte de las autoridades económicas comunitarias.

Limitando a las cuestiones ambientales, entre los principales asuntos de la opinión pública y las preocupaciones prioritarias de los europeos no se encuentran aquéllas, sino el desempleo, la situación económica, la subida de los precios, etc. Según los últimos resultados oficiales del Eurobarómetro, el medio ambiente, el cambio climático y la energía ocupa los últimos lugares de la tabla de los tópicos de la encuesta.

En el debate político de las próxima elecciones no parece que los programas electorales de los partidos que concurran vayan a decantar de forma decisiva los resultados. Lo cual no impide que la erosión en el apoyo ciudadano de los partidos mayoritarios (por los episodios de corrupción) pueda beneficiar a partidos minoritarios y, entre ellos, los partidos de corte ecologista.

Por lo que se refiere a España, la iniciativa de las cinco principales organizaciones ecologistas (Greenpeace, WWF, SEO/Birdlife, Amigos de la Tierra y Ecologistas en Acción). Bajo el título “Un programa por la tierra. Justicia social y ambiental para hacer frente a la crisis” –hecho público en febrero de 2014- en el que se formulaban 14 peticiones para las elecciones al Parlamento Europeo. Asimismo, el pasado 24 de abril, dichas organizaciones ecologistas y la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) convocaron a un debate a los candidatos a europarlamentarios de las diferentes formaciones políticas, que, en efecto, tuvo lugar con respresentantes del PP, PSOE, UPyD, IU y EQUO.

En dicho “Programa por la tierra” se reivindican los grandes asuntos de la sostenibilidad ambiental en la Unión Europea: desde los objetivos previstos para 2030 sobre la lucha contra el cambio climático, la transición hacia un modelo energético renovable y la eficiencia energética, la reducción de los residuos y la racionalidad en el uso de los recursos naturales, pasando por la detención en la pérdida de la biodiversidad y potenciación de la Red Natura 2000, la protección de los mares y recuperación de los recursos pesqueros, la promoción de una agricultura compatible con la preservación del medio ambiente, la gestión sostenible de las aguas continentales, la reducción y prohibición de los productos químicos peligrosos, hasta la reducción de la contaminación del aire, la inserción de la protección ambiental en las relaciones comerciales, la potenciación de la fiscalidad ecológica y la plena garantía del acceso a la información, participación y acceso a la justicia en materia ambiental.

El mismo “Programa” reconoce que “Europa ha destacado siempre a nivel mundial por su ambición en cuestiones ambientales y los miembros del Parlamento Europeo, los primeros en convertir esa ambición en compromisos políticos”. Y, en efecto, así ha sido y los europeos podemos congratularnos de que tenemos la política ambiental más avanzada y proteccionista del mundo. Otra cosa es que se aplique –y respete- de igual modo en todos los países porque, justamente, el mayor problema de la política ambiental comunitaria –que adquirió carta de naturaleza constitucional con la reforma de los Tratados Constitutivos operada por el Acta Única Europea de 1987- es su deficiente aplicación efectiva.

Como estudioso del Derecho Ambiental realmente estoy impresionado por el completísimo y técnicamente avanzado “grupo normativo ambiental” comunitario, cuyo “derecho derivado” lo componen más de trescientas Directivas que regulan los asuntos más diversos y complejos de la protección ambiental. Y, de los actos comunitarios no obligatorios, las recomendaciones y los documentos que se engloban en lo que se denomina “soft law”, hay verdaderas joyas. Desde la “madre” de todas las estrategias, la estrategia  “Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador” (2010) y su iniciativa emblemática “para una Europa Eficiente en el Uso de los Recursos”, la apuesta de Europa por la “economía azul” (2012), …, o uno de los más recientes instrumentos de la política ambiental comunitaria: el Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 titulado “Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta” (2013).

Se ha afirmado con toda razón de que más del ochenta por ciento de la normativa ambiental que rige en España (y en todos los países miembros de la Unión) procede de la normativa comunitaria. Normativa que para ser aplicable necesita de las normas de transposición a cada uno de los ordenamientos  internos. Y, por supuesto, cada Estado es responsable de la aplicación “puertas adentro” de la normativa ambiental transpuesta. Y mucho habría que hablar aquí sobre la necesaria reorientación de la política y el derecho ambiental comunitarios hacia una mayor simplificación (sin reducir el nivel de protección), hacia una codificación de las normas, hacia una mayor difusión pública de sus contenidos, hacia la necesaria participación ciudadana, etc. Pero no es ahora el momento.

En la línea de una reflexión acerca del modelo de sostenibilidad en la Unión Europea me ha parecido interesante y oportuna la obra colectiva dirigida por Florent MARCELLESI y Francisco SEIJO, bajo el título “¿Qué Europa queremos? Ideas y políticas para un continente justo, democrático y sostenible” (Icaria, Barcelona, 2014). Con la participación de profesores universitarios, representantes de grupos ecologistas españoles y franceses y otros activistas sociales, este trabajo tiene mayores pretensiones intelectuales que las de un mero programa político. Además su lectura me ha permitido conocer “EcoPolítica” –coordinada por el Prof. MARCELLESI- que es una interesante red de prospectiva, debate y formación sobre Ecología Política, con abundante información en esta novedosa rama científica del medio ambiente.

¿Qué futuro le espera a Europa en la ero del petróleo caro y del ineluctable cambio climático? ¿qué potencial existe para el empleo verde y la reconversión ecológica de la economía en Europa? ¿cómo afrontar de forma solidaria y sostenible la crisis de las deudas económicas, sociales y ecológicas? Son algunas de las cuestiones a las que citado trabajo colectivo trata de responder. Es muy posible que estos interrogantes no estén en la primera línea de las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos que han sido convocados a las elecciones europeas de 2014. Pero de lo que no me cabe la menor duda es que los europarlamentarios de la próxima y siguientes legislaturas deberán responder –eso sí, en codecisión con el Consejo de Ministros comunitario-, antes o después, a tan apremiantes desafíos.