El Gobierno había preparado nuevas leyes sobre residuos alimentarios después de que los participantes en una consulta apoyaran mayoritariamente las propuestas de información obligatoria para las empresas. El año pasado, el Comité del Cambio Climático (CCC) también recomendó que las empresas declarasen obligatoriamente los datos sobre residuos alimentarios, como forma de apoyar los objetivos de descarbonización del Reino Unido.

Sin embargo, a pesar de los resultados de la consulta, el Gobierno declaró en junio que seguiría confiando en los sistemas voluntarios de notificación de datos sobre residuos alimentarios, como los gestionados por la organización benéfica WRAP, alegando que los costes de aplicación para las empresas podrían exacerbar la inflación de los precios de los alimentos.

Sin embargo, DEFRA retiró repentinamente su anterior respuesta formal a la consulta, en la que exponía su apoyo a las medidas voluntarias, y dijo que ahora volvería a considerar la posibilidad de hacer obligatoria la notificación de los residuos alimentarios para las empresas. El Gobierno se ha comprometido a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos para 2030 respecto a 2015, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

"Seguimos comprometidos con la lucha contra el desperdicio de alimentos y el nuevo Secretario de Estado ha decidido estudiar de nuevo la mejor manera de garantizar los beneficios de la información sobre el desperdicio de alimentos, incluidas las medidas obligatorias", dijo DEFRA en un comunicado. "Tenemos la intención de reunir más pruebas y reconsiderar todas las opciones utilizando los últimos datos disponibles".

El anuncio se produce después de que los abogados que representan al grupo de campaña Feedback y a una coalición que incluye a Toast Ale, DASH water y Olio, escribieran a DEFRA amenazando con acciones legales por su decisión de descartar los planes para la notificación obligatoria de residuos de alimentos en septiembre. La carta argumentaba que la decisión anterior de desechar las propuestas de información obligatoria se basaba en una evaluación de impacto inadecuada y no tenía en cuenta el asesoramiento de los propios expertos del gobierno. La carta también afirmaba que la notificación obligatoria de excedentes y residuos alimentarios era necesaria debido a la "decepcionante" falta de notificación voluntaria por parte de las empresas.

Carina Millstone, directora ejecutiva de Feedback, se mostró "encantada de que el nuevo Secretario de Estado haya dado marcha atrás en la imprudente decisión de su predecesor de desechar los planes para introducir la declaración obligatoria de residuos alimentarios para las grandes empresas". "Todas las pruebas apoyan la obligatoriedad de informar sobre los residuos alimentarios", añadió. "Los expertos gubernamentales en clima y residuos lo recomiendan, la evaluación de impacto muestra que supondrá un ahorro de costes, y la gran mayoría de los encuestados en la consulta, incluida la mayoría de las empresas, están a favor". Jamie Crummie, cofundador de la plataforma de comida compartida Too Good To Go, añadió que era alentador ver que Barclay escuchaba las peticiones de los líderes del sector. "Estamos deseando participar en el nuevo proceso de consulta", afirmó.

El anuncio se produce en medio de las cifras de desperdicio de alimentos frescos publicadas por WRAP, que indican que, si bien los niveles de desperdicio de alimentos en los hogares son ahora más bajos que cuando la organización benéfica comenzó a recopilar los datos en 2007, los niveles en realidad aumentaron entre 2018 y 2021, lo que sugiere que el progreso está retrocediendo.

Como tal, los datos muestran que los alimentos desechados por los hogares siguen siendo, con mucho, el mayor contribuyente a los 10,7 millones de toneladas de alimentos que se estima que se tiran a la basura en el Reino Unido cada año. Según la entidad WRAP, en 2021 se tiraron a la basura 6,4 millones de toneladas de alimentos y bebidas en los hogares británicos, de los cuales 4,7 millones eran comestibles, lo que equivale a unos 76 kg de residuos alimentarios por persona. La organización benéfica calculó que esos niveles de residuos alimentarios domésticos contribuyeron a 18 millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes a CO₂ ese año.