El Ministerio de Transición Ecológica ha confirmado lo que diferentes organizaciones civiles llevan años denunciando: que Ecoembes ha publicado datos ampliamente maquillados sobre reciclaje desde hace dos décadas para evitar asumir el coste real de los 50 millones de envases de bebidas que se venden cada día en España.

En la trampa ha participado el Gobierno y las comunidades autónomas, que han mirado hasta ahora para otro lado en lugar de elaborar sus propias estadísticas. La Administración ha confiado en ellas hasta tal punto que las cifras de los fabricantes se han entregado cada año a la Comisión Europea para que elabore los censos de residuos de la UE, pese a tratarse de una información adulterada por gigantes como Coca-Cola, Nestlé, L'Oreal, Alcampo o Mercadona. Estos son algunos de los accionistas de Ecoembes, la organización que tiene el "monopolio" de la recogida de envases.

Las consecuencias de publicar cifras irreales es que los ayuntamientos de todo el país han asumido durante un cuarto de siglo el costoso trabajo de hacerse cargo de las latas, las botellas o los envases de comida que no llegan al contenedor amarillo. Greenpeace calculó en 2021 que las administraciones locales asumen un sobrecoste de 1.700 millones de euros al año en recogida de basuras que debería asumir Ecoembes.

El Gobierno publicó a finales de noviembre que la recogida separada de botellas de plástico en España fue del 41,3% en 2023, una cifra que corrige el dato de Ecoembes, que eleva la estimación hasta el 73,4%. Los resultados del ministerio están en la línea de dos informes previos de Greenpeace y de Alianza Residuos Cero, que llevan años denunciando que el sector privado adultera las cifras. Desde Ecoembes, explican que sus cifras son diferentes porque otra metodología, y señalan que se sentarán con el Gobierno en los próximos meses para adecuar sus cálculos oficiales.

La diferencia los números oficiales y los de Ecoembes es muy importante. Primero, porque es la primera vez que Transición Ecológica elabora sus propias cifras de recogida de envases, y demuestra que los datos de Ecoembes son radicalmente falsos. Segundo, porque supone que España inclumple la Directiva europea de Residuos, y ahora el país está obligado a implantar un sistema de devolución de envases al supermercado (SDDR), un mecanismo que la industria lleva esquivando desde 1997. Y tercero, porque significa que 6 de cada 10 botellas de plástico —uno de los residuos más comunes— no entran en el contenedor amarillo, lo que equivale a unos 5.000 millones de envases al año solo en España.

Que las botellas terminen en otros contenedores o en el suelo de las calles es determinante para Ecoembes. Hasta hace apenas dos años, la normativa establecía que las empresas del plástico solo tienen que hacerse cargo de los envases que estén dentro del cubo amarillo, y los ayuntamientos de los que entran en el contenedor gris —el genérico—y las papeleras. Aunque esto cambió con la nueva Ley de Residuos de 2022, todavía está pendiente de implementarse, y en la práctica se sigue cubriendo con los presupuestos municipales.

De esta manera, Ecoembes se ahorra esta recogida, por mucho que la ley establezca que todos los envases son responsabilidad de quien los pone en el mercado. Es cierto que esta organización paga una especie de incentivo económico a las administraciones por los envases que se recuperan en las plantas públicas de tratamiento, pero es muy inferior a lo que cuesta en realidad recogerlos, moverlos y separarlos del resto de la basura.

Este detalle es especialmente importante si se tiene en cuenta que alrededor del 70% de todos los envases acaban fuera del contenedor amarillo, de manera que los ayuntamientos se hacen cargo de la mayor parte del trabajo de Ecoembes, según calcula Francisco Peula, experto en residuos de la ONG Rethinking y colaborador del informe de Greenpeace de 2021. "Eso supone que más del alrededor del 40% del volumen de residuos que recogen los ayuntamientos en el contenedor gris son envases, que debería gestionar Ecoembes", añade Peula.

Por si fuera poco, todos los consumidores pagan entre 1 y 2 céntimos extra cada vez que compran una botella, una lata o un tetrabrik para financiar su reciclaje, la llamada tasa de punto verde. Este dinero lo ingresan las empresas que venden el envase y lo transfieren a Ecoembes. De esta manera, cada vez que un ayuntamiento se encarga de un envase, el consumidor paga dos veces: una con la tasa de punto verde, y otra con los impuestos municipales. 

Pero esto está a punto de cambiar. La Ley de Residuos de 2022 incluyó un objetivo de alcanzar un 70% de recogida de botellas de plástico por separado en 2023, pero los datos publicados por el Gobierno confirman que España está muy lejos de cumplir (nada menos que 30 puntos porcentuales por debajo). La norma establece que si no se alcanza la cifra, hay que implantar en España un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) en un plazo de dos años, antes del 22 de noviembre de 2026. Este mecanismo se basa en que cada botella y lata vendida cuesta unos céntimos de más que se recuperan al devolver el envase al supermercado cuando ya está vacío. Esto garantiza que los hogares se molesten en separar las botellas y las latas del resto de la basura, porque si los llevan a una máquina de depósito reciben un incentivo económico.

Sin embargo, los expertos ponen en duda que se vaya a cumplir el calendario de dos años. Según la ley, es la industria la que debe implantar el mecanismo de retorno de envases, y es de sobra conocido que Ecoembes no está por la labor. En los últimos años ha tratado de introducir lo que las organizaciones civiles llaman "una falsa solución", el sistema Reciclos, un supuesto mecanismo SDDR que mantiene intacto su negocio y que no funciona. A día de hoy no hay cifras transparentes de su funcionamiento.

De hecho, el origen de Ecoembes está directamente ligado a evitar implantar un sistema de retorno de envases en España. La primera Ley de Envases del país, de 1997, contemplaba la creación de un sistema SDDR, pero daba la opción a la gran industria de "eximirse" de ese mecanismo si creaba su propio sistema de tratamiento. Precisamente, un año antes, Ecoembes se constituyó "para proporcionar una respuesta a las obligaciones derivadas de la Ley 11/97 de envases", como reconoce hoy en su propia web.

"La industria vio lo que se le venía encima y creó una estructura societaria para cumplir la ley a su manera", afirma Alberto Vizcaíno, consultor ambiental y autor del libro Contenedor Amarillo S.A., donde desgrana el sistema de residuos en España. El experto añade que el sistema Ecoembes, organizado por grandes empresas de alimentación y plásticos, se saltó la ley a los pocos años, porque establecía que en 2001 se valorizaría el 50% de los envases generados, y todavía no se ha logrado más de 20 años después.

De nuevo, en 2011, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero volvió a actualizar la Ley de Residuos para introducir que los productores y vendedores de envases "podrán ser obligados a establecer sistemas de depósito y retorno del producto para su reutilización o tratamiento", pero no duró ni un año. Uno de los primeros reales decretos de Mariano Rajoy modificó la Ley de Residuos para darle al SDDR un "carácter voluntario", de manera que Ecoembes continuó con su negocio intacto.

Sin embargo, en este momento no hay margen normativo para esquivar el cambio de modelo. El propio ministerio de Transición Ecológica publicó el pasado viernes los datos de recogida de botellas (43,1%) y añadió que "no se alcanzan los objetivos de la Ley de Residuos". Por lo tanto, "se deberá implantar, en todo el territorio nacional y en el plazo de dos años, un sistema de depósito, devolución y retorno".

Fuentes de Ecoembes niegan que sus accionistas estén en contra del sistema de retorno de envases, y afirman que ellos no quieren entrar "en ninguna guerra de sistemas" de separación de residuos. De hecho, admiten que van a trabajar, ahora que lo impone la ley, en implantar un SDDR en España. "Ecoembes ayudará a la administración pública y a las empresas a que cumplan en plazo y con la mayor agilidad posible sus obligaciones derivadas tanto del actual Real Decreto como del inminente Reglamento europeo de envases", señalan.

Sin embargo, la posibilidad ha estado sobre la mesa desde 1997, y hasta ahora no se ha abordado. ONG y grupos de consumidores llevan más de dos décadas reclamando su implantación, y en 2009 se agruparon en la ONG Retorna para aumentar su altavoz. Otras organizaciones han realizado estudios sobre su implantación en España, como la catalana ENT, o incluso Tragsa, que publicó un extenso informe en 2021 con el Ministerio de Transición Ecológica. En Europa, el sistema SDDR ya está presente en 14 países, con una tasa de recogida separada de envases del 90% (frente al 41,3% de España solo en botellas)

Los defensores de los sistemas de devolución y retorno explican que sus beneficios son arrolladores porque permite disparar la tasa de reciclaje de envases. Buena parte de las botellas y latas que se depositan en los contenedores grises y en las papeleras —las que recogen los ayuntamientos— acaban en vertederos, de forma que su vida útil es ínfima. Pero si se recogen por separado, "se recuperan juntas y limpias, con un proceso de reciclaje puedes hacer nuevas botellas", explica César Sánchez, portavoz de Retorna.

Entonces, ¿por qué Ecoembes ha evitado hasta ahora implantarlo? Simplemente, porque el sistema actual le beneficia, es más barato. Y porque si los consumidores devuelven los envases a máquinas con lectores de etiquetas, habría cifras exactas de cuántas botellas y latas ponen las multinacionales en circulación en España, un dato muy en entredicho hasta ahora porque era imposible de verificar, según explica una fuente del sector, que prefiere omitir su nombre.

"Por un lado, el SDDR daría más ingresos a Ecoembes porque puedes vender materiales reciclados de alta calidad, pero también es más caro porque tendría que mantener los cubos amarillos en las calles —para botellas de aceite, envases de comida, latas de conservas…— y pagar además las máquinas para recoger las botellas y latas, y construir plantas de clasificación y conteo. Por otra parte, cada empresa que forma parte de Ecoembes paga cada año en función de los envases que pone en el mercado, y las cantidades que se dan no se sustentan con los estudios de composición de la basura. El SDDR aporta una transparencia que no interesa a Ecoembes", señala esta persona.

El problema, en todo caso, es que el nuevo sistema de devolución y retorno tiene que ser ideado y organizado por el sector privado, según recoge el Real Decreto de Envases de 2022. Los expertos consultados creen que Ecoembes tratará de crear una nueva marca para este mecanismo —ya tiene Ecoembes y Ecovidrio—, aunque también podrían surgir otras agrupaciones empresariales similares (llamados SCRAP) que le hagan la competencia. Por ejemplo, desde los supermercados, ya que en su interior se ubicarán las máquinas para devolver las botellas.

Ignasi Puig, Doctor en Ciencias Ambientales y fundador de la fundación ENT, reclama al Ministerio de Transición Ecológica que forme parte de ese proceso de desarrollo del sistema de devolución y retorno para que esta vez las multinacionales cumplan con su obligación. "No sé si dejará libertad total al sector privado, pero no tiene por qué hacerse así. La presencia de las administraciones públicas garantiza la transparencia, y esa es una de las decisiones que se tienen que tomar a corto plazo", resume.

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