El Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante ha estudiado el modelo de gestión de residuos de la Comunitat Valenciana establecido en el Plan Integral de Residuos de 1997 y que ha sido actualizado a finales de junio. Tras la investigación ha determinado que en el sector de la gestión de residuos existe poca competencia, lo que provoca que el tratamiento y eliminación de los desechos resulten muy caros para las arcas públicas.

El equipo de investigadores economistas, compuesto por Martín Sevilla, Teresa Torregrosa y Oana-Madalina Driha, ha analizado los programas de minimización de residuos y sus evoluciones y han observado que el "mayor fallo" del sistema es la dependencia que tienen actualmente los ayuntamientos y los consorcios de las empresas adjudicatarias de estos servicios. "Este modelo, si bien ha conseguido un avance en cuanto a la eliminación y sellado de los vertederos incontrolados, ha supuesto también el dejar en manos de unas pocas empresas concesionarias la gestión de las plantas de tratamiento, valorización y eliminación de residuos por un largo periodo de tiempo", afirman.

Los economistas defienden que los servicios de tratamiento de residuos, a diferencia de otros servicios públicos fijados al territorio (como el abastecimiento o la depuración de las aguas), no necesitan ser prestados en régimen de monopolio. Por este motivo, el equipo de investigación cree que sería adecuado aumentar la competencia entre las distintas plantas de tratamiento y conceder una mayor libertad a los ayuntamientos para llevar sus residuos a aquellas que ofrezcan mejores servicios y menores precios. Para conseguirlo, los investigadores proponen que se permita que los precios sean menos "rígidos y diversos" y recuerdan las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Competencia que instan a la sustitución de la concesión por un régimen de autorización administrativa previa allí donde el mecanismo de mercado pueda garantizar la provisión del servicio.

El modelo de gestión de la Comunitat Valenciana establece una distinción entre las actividades de recogida y transporte, que se consideran responsabilidad municipal, y las actividades de tratamiento, valorización y eliminación, que se consideran supramunicipales. Estas actividades se llevan a cabo por diferentes entidades que presentan características muy diferentes en cuanto a su filosofía, sus procedimientos y su funcionamiento económico, "lo cual puede ser un impedimento para la conveniente política común en materia de residuos", explican los autores. El informe resultante determina que la aplicación del plan integral y los diferentes planes de cada zona son muy heterogénos "no sólo en cuanto a los resultados obtenidos, sino que simultáneamente han ido creando nuevos problemas asociados a la rigidez con que se han ido ordenando". Entre estos problemas, los autores destacan que en Valencia Sur y Vega Baja no existen plantas de tratamiento y también hacen hincapié el "elevado trasiego de residuos" entre las zonas de la Comunitat Valenciana y también hacia el exterior.

El secretario de Infraestructuras y Sostenibilidad del PSPV-PSOE, Francesc Signes, asegura que los socialistas modificarán el Plan de Residuos en 2015 para que la gestión sea "limpia, transparente y libre de corruptelas" y opina que la gestión de residuos está siendo utilizada por el gobierno actual para batallas internas.