En los últimos cuatro años, el sector de la gestión de residuos industriales está viviendo una situación sin precedentes. Debido a la caída de la actividad industrial derivada de la crisis económica y la proliferación de malas prácticas, la actividad poco a poco se está desplomando y está sufriendo amenazas que pueden desembocar en daños irreparables para el entorno y los ciudadanos.

Las cuestiones medioambientales han pasado a un segundo plano en la agenda de las empresas en una búsqueda de competitividad mal entendida. Lo que hace unos años era una necesidad para potenciar las buenas prácticas, respetar el entorno y seguir los modelos de responsabilidad social corporativa, ahora parece haberse convertido en un estorbo y se encuentra sujeto a los programas de reducción de costes en los que se persigue este objetivo a cualquier precio. La relajación en el cumplimiento de la legislación ambiental es patente y aparece frecuentemente en los medios de comunicación.

Esta falta de cumplimiento se ve favorecida en gran medida por la ausencia de controles e inspecciones por parte de las administraciones competentes que, a causa de los recortes en sus presupuestos, no pueden dedicar los recursos necesarios para cumplir con las leyes ambientales vigentes.

Una falta de rigor y de control que se refleja en la reclasificación hacia opciones menos costosas, a su tratamiento en instalaciones no autorizadas para ello, a la aplicación interesada de conceptos que ofrecen tanta subjetividad como los subproductos o al más que preocupante robo de residuos peligrosos (sobre todo de aparatos eléctricos y electrónicos, RAEE) de los puntos limpios y de las plantas de tratamiento, que en algunas ciudades alcanza al 80% de los residuos depositados para su correcta gestión.

Todas estas prácticas conllevan no sólo un daño considerable a la actividad en términos económicos y de empleo, sino un peligro para la salud pública y el medio ambiente que puede acarrear consecuencias irreparables.

Otra de las tendencias que amenaza día a día al sector de la gestión de residuos peligrosos es la exportación ilegal de residuos a terceros países, como pone de manifiesto el informe recientemente publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente: Movements of waste across the EU’s internal and external borders.

Países de Asia y África, donde la legislación ambiental es nula o casi inexistente, son el principal destino para el tratamiento de residuos que, al tratarse sin control ni autorización, suponen un grave peligro a todos los niveles: social, ambiental y económico. La atmósfera es la misma para todos, y algunos dirigentes del sector público y privado no parecen reconocerlo.

A pesar de que el panorama presenta serias dificultades, algunas de las nuevas Directivas y propuestas que se están desarrollando en los últimos meses podrían colaborar en la mejora de la situación. Desde Europa, siempre comprometidos con el respeto al medio ambiente, han aumentado los objetivos de recogida y valorización de componentes valiosos de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos con la revisión de una nueva directiva.

A nivel nacional, tras la aprobación de la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, se ha constituido la Comisión de Coordinación con representantes de todas las comunidades autónomas para intentar poner fin a todos los problemas e inconvenientes del sector de residuos, además de poner en común las necesidades de una actividad que puede ser fuente de riqueza y empleo en el país.

También se ha abierto el debate sobre la posibilidad de importar residuos en España. Algunas comunidades, como Baleares, están planteando esta opción ante la sobrecapacidad de tratamiento que presentan la mayoría de las instalaciones de la zona, una decisión que aumentaría la actividad, los puestos de trabajo y situaría la gestión de residuos y aprovechamiento de la capacidad de tratamiento de las empresas de España al nivel de Holanda o Alemania, países donde la importación de residuos se desarrolla con normalidad y cumpliendo escrupulosamente la legislación europea. Debemos sacar este debate de la trinchera política y darnos cuenta que los países con mayor conciencia medioambiental son precisamente los que más están apostando por la importación de residuos.

Sin embargo, una de las decisiones más importantes que el sector reclama en nuestro país es una política común en materia de residuos para todo el territorio con la que se aúnen los criterios de gestión, la definición de los conceptos y se garantice el mejor tratamiento de los residuos en todos los casos, independientemente de dónde estén localizadas las empresas gestoras.

La ausencia de una política común de residuos para todo el país provoca una diferenciación en los estándares medioambientales exigibles a las empresas. Con una clara delimitación del sector y definición de los procesos y agentes que forman parte de la actividad, se crearía un entorno de competencia leal y de respeto al medio ambiente.

Una política común y el control de cumplimiento de la legislación por parte de la Administración, fomentaría las buenas prácticas y la creación de empleos verdes reales. Podemos generar una industria en Europa muy poderosa en torno al reciclaje y la valorización de los residuos, pero como indicó el Comisario Potocnik en su reciente visita a España, es necesario aplicar la legislación ya existente.

Si las partes implicadas miran para otro lado, perderemos una de las grandes oportunidades que nos está ofreciendo esta crisis en materia medioambiental.