Las diferencias entre los impuestos aplicados a la gestión de residuos en Europa pueden influir en la elección de las instalaciones de tratamiento y en los movimientos transfronterizos de materiales. Así lo advierte el RDF Industry Group en el informe The Uneven Playing Field: How Europe’s Waste Taxes Distort Recovery, Landfill and Trade, publicado el 20 de octubre de 2026.

El documento analiza los impuestos y las restricciones al vertido, la fiscalidad de la incineración y la exposición a los costes del carbono en 38 países europeos. Según la organización, la fragmentación de los sistemas fiscales puede generar condiciones de competencia desiguales entre instalaciones de recuperación y debilitar los incentivos para desviar los residuos del vertedero.

El análisis identifica impuestos al vertido en 24 de los 38 países estudiados, equivalentes al 63 % del total. Los tipos oscilan aproximadamente entre 11 y 154 euros por tonelada. En cuanto a la incineración, 13 países aplican algún tipo de gravamen, con cargas combinadas de entre 8 y 98 euros por tonelada.

Los sistemas nacionales difieren tanto en los importes como en los conceptos gravados. Algunos impuestos se calculan según el peso de los residuos, mientras que otros consideran las emisiones de carbono fósil, la energía utilizada o el calor generado. También hay países que combinan varios gravámenes y otros que recurren principalmente a restricciones regulatorias para limitar el vertido.

Para el RDF Industry Group, estas diferencias pueden hacer que instalaciones con capacidades y características comparables compitan en condiciones distintas según el país en el que operen. Por ello, defiende que las decisiones de tratamiento tengan en cuenta la capacidad disponible, la eficiencia y el comportamiento ambiental de las instalaciones, en lugar de depender de las diferencias entre las cargas fiscales nacionales.

El informe examina cómo la ampliación de la tarificación del carbono puede interactuar con los impuestos nacionales existentes. Para ello, presenta un escenario de estrés que aplica un precio hipotético de 110 euros por tonelada de dióxido de carbono, junto con los impuestos nacionales previstos para 2030.

Según este ejercicio, el incentivo fiscal a favor de la recuperación podría reducirse o incluso invertirse si aumentan los costes asociados a las emisiones de la incineración sin una reforma más amplia de la fiscalidad de los residuos. El riesgo sería mayor en países donde el vertido continúa disponible y no está suficientemente desincentivado mediante impuestos o restricciones.

Estas cifras corresponden a un escenario modelizado, no a una previsión confirmada de los precios del carbono ni de los costes futuros de todas las instalaciones. El informe utiliza el ejercicio para advertir de que la aplicación de nuevos costes climáticos debe analizarse conjuntamente con los gravámenes existentes.

Las consecuencias que señala la organización no se limitan a las instalaciones de valorización energética. El tratamiento de los rechazos y residuos generados durante la clasificación y el reciclaje también puede verse afectado por los impuestos aplicados a su gestión.

El RDF Industry Group advierte de que gravar en exceso estos flujos puede incrementar el coste de producción de los materiales reciclados y debilitar su competitividad frente a las materias primas vírgenes. Por ello, considera necesario que la política fiscal tenga en cuenta la relación entre las distintas operaciones de tratamiento y los objetivos de recuperación de recursos.

El documento también aborda los movimientos transfronterizos de residuos. Según la organización, las diferencias tributarias pueden influir en los destinos comerciales y en el uso de la capacidad de tratamiento disponible, en lugar de favorecer exclusivamente las opciones con mejores condiciones operativas y ambientales.

El RDF Industry Group formula seis recomendaciones dirigidas a los responsables políticos europeos y nacionales:

La organización plantea, además, considerar conjuntamente la capacidad de recuperación disponible en Europa, en lugar de asumir que cada país debe tratar dentro de sus fronteras la totalidad de sus residuos residuales. En su opinión, una mayor coordinación permitiría aprovechar instalaciones existentes que ofrecen recuperación energética, suministro de calor urbano o posibilidades de incorporar tecnologías de captura de carbono.

El informe sitúa así la fiscalidad entre los factores que pueden condicionar la gestión de residuos, el comercio transfronterizo y la competitividad del reciclaje. Sus recomendaciones buscan que los impuestos y los costes climáticos se diseñen de forma coordinada para evitar que las diferencias nacionales alteren los incentivos al tratamiento.