La Asociación de Empresas de Valorización Energética de Residuos Urbanos (AEVERSU) ha pedido que la valorización energética de residuos municipales quede excluida del régimen europeo de comercio de derechos de emisión (EU ETS). La organización considera que incorporar esta actividad al sistema podría encarecer el tratamiento de la fracción no reciclable y dificultar los objetivos europeos de reducción del vertido.

La petición, difundida el 21 de octubre de 2026, se dirige al Gobierno español para que defienda esta posición durante la tramitación de la nueva normativa europea. La propuesta de revisión del sistema contempla incorporar la incineración y la coincineración de residuos no peligrosos a partir de 2031, con una aplicación progresiva hasta alcanzar el 100 % de las obligaciones de entrega de derechos de emisión en 2034.

AEVERSU calcula que el impacto económico dependerá de la evolución del precio del carbono. Según sus escenarios, con un precio de 175 euros por tonelada de dióxido de carbono en 2035, el coste asociado al sistema alcanzaría los 87,5 euros por tonelada de residuo tratado.

Para 2040, la asociación plantea un escenario con un precio del carbono de 229 euros por tonelada de dióxido de carbono, que elevaría el coste estimado a 114,5 euros por tonelada de residuo. En ese supuesto, el impacto económico anual rondaría los 274 millones de euros.

La entidad advierte de que estos costes podrían trasladarse a la ciudadanía mediante un aumento de las tasas de residuos o de las tarifas de tratamiento, o bien a través de un mayor gasto público para financiar los contratos y servicios de gestión. Se trata de estimaciones elaboradas por la propia asociación, no de costes ya confirmados.

Uno de los argumentos de AEVERSU es que gravar el tratamiento final de los residuos no permite modificar directamente su composición. Según la organización, la presencia de carbono fósil en los residuos está condicionada por decisiones anteriores relacionadas con el diseño de los productos, los materiales empleados, los envases y su reciclabilidad.

Por ello, defiende que las medidas económicas destinadas a reducir estas emisiones actúen también sobre las etapas previas a la generación del residuo. Desde su perspectiva, aplicar un coste adicional cuando los materiales llegan a la planta de tratamiento no garantiza una reducción equivalente de las emisiones fósiles.

La asociación sostiene que el marco regulatorio debería incentivar la reducción del carbono desde el origen y evitar que los costes recaigan exclusivamente sobre las instalaciones que gestionan la fracción residual.

AEVERSU advierte de que un aumento de los costes de la valorización energética podría dificultar la reducción de los residuos destinados a vertedero. Su argumento es que, si el tratamiento mediante valorización energética se encarece, podría perder competitividad económica frente a la eliminación en vertedero, en función de las condiciones de cada territorio.

Para respaldar esta posición, la organización cita datos técnicos según los cuales el vertido genera 772 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por tonelada tratada, frente a 224 kilogramos en el caso de la valorización energética. Estas cifras proceden de los datos que maneja la asociación y deben interpretarse conforme a las hipótesis y los límites del análisis utilizado.

La entidad recuerda, además, que la valorización energética se destina a la fracción que no puede recuperarse mediante otras vías y que, por tanto, no sustituye a la prevención, la reutilización ni el reciclaje. Su planteamiento es que la normativa tenga en cuenta las diferencias entre países en cuanto a infraestructuras, dependencia del vertedero y posibilidades de aprovechamiento energético.

La petición de AEVERSU se incorpora al debate sobre cómo distribuir los costes de las emisiones en la gestión de residuos. La asociación reclama excluir la valorización energética del sistema europeo de comercio de emisiones y orientar las señales económicas hacia las decisiones que determinan el contenido de carbono de los productos y materiales.

La evolución de la propuesta europea determinará el alcance de las futuras obligaciones para las instalaciones de incineración y coincineración de residuos no peligrosos. Mientras continúa su tramitación, las cifras económicas difundidas por AEVERSU constituyen una estimación del impacto potencial que la medida podría tener sobre el sector y sobre la financiación de los servicios de tratamiento de residuos.