La Asociación de Gestores de Residuos de Demolición y Construcción de Castilla y León (Agerdcyl) ha presentado cuatro recursos contencioso administrativo en los juzgados de Burgos, Segovia, Valladolid y León para obligar a la Consejería de Medio Ambiente a que inicie los expedientes sancionadores para detener, "de forma inmediata", la actividad de tratamiento depósito y vertido ilegal de residuos de demolición y construcción en esas provincias.

La entidad, que agrupa a las empresas más representativas de la Comunidad dedicadas a gestionar y valorizar residuos de construcción y demolición, ha denunciado los vertidos ilegales en las localidades de Juarros de Ríomoros (Segovia), Burgos y Cardeñajimeno (Burgos), Valladolid y Cigales (Valladolid), así como Ponferrada y Camponaraya, estas últimas en la provincia de León.

Agerdcyl, a través de un comunicado, critica la "pasividad" de la Consejería, frente a las denuncias de la asociación y de los servicios de protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) de las provincias afectadas, que no ha acordado la incoación de un solo expediente sancionador ni ha desarrollado actividad alguna tendente a detener inmediatamente la eliminación, vertido y deposito ilegal de los residuos de demolición y construcción.

El secretario y portavoz de la asociación, Diego Quintanilla, ha declarado que algunas denuncias afectan a los ayuntamientos de las capitales de provincia, que en su condición de productores de residuos son responsables de aquellos que generan las obras públicas que promueven.

Lamenta que a la hora de redactar y aprobar los proyectos de obras municipales no contemplen el obligatorio estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, tal y como recoge un real decreto de 2008.

De ahí que señale que es "inaudito" que no sólo la Consejería sino que algunos de los principales consistorios de la región "desprecien" el cumplimiento de la normativa de gestión de residuos de construcción en la ejecución de sus propias obras.

La asociación denuncia la "gravedad" y "magnitud" de los hechos, puesto que causarán graves perjuicios al medio ambiente. En especial, los vertidos ilegales próximos a las riberas de ríos y en espacios con importantes valores naturales.

La asociación recuerda que el proceso de separación, tratamiento y valoración de los residuos de construcción y demolición culmina recuperando aproximadamente un 90 % de lo que sale de las obras, que se convierte en árido reciclado y puede volverse a utilizar en otras obras.