La norma contemplará un seguimiento a la huella ecológica de todos los productos y servicios y favorecerá el impulso de la reparación y la lucha contra el desperdicio alimentario, marcándose una rebaja del 30% para 2025 y del 50% para 2030. Además, se sentarán las bases para el desarrollo de una compra pública ecológica que prime a las empresas y servicios con menor impacto ambiental, junto a la mejora en la gestión sostenible del ciclo integral del agua con la potenciación de su depuración y reutilización.

De entrada la ley está cargada de bondades que desde los distintos agentes sociales y económicos coinciden en resaltar, aunque sus perspectivas y expectativas son muy dispares. Desde el tejido empresarial se aplaude la nueva ley que consideran «prioritaria» y de la que esperan sobre todo que «sea coherente con las normativas autonómicas, estatales y europeas para evitar que los proyectos empresariales puedan patinar con los procesos administrativos a la hora de contar con las autorizaciones y permisos necesarios», según el presidente del Consejo Empresarial de Medio Ambiente de la CEA, Manuel Mingorance.

Desde los sindicatos se apoya esta ley aunque muestran sus recelos y dudas sobre su efectividad, cuestionando especialmente si servirá realmente para impulsar un cambio real de modelo productivo. Desde UGT-A temen que se quede solo en papel y advierten que con una ley no se cambia la economía, según su secretario responsable de Medio Ambiente, Juan Carlos Hidalgo, que confiesa su escasa esperanza en el Gobierno andaluz «porque no ha hecho nada en medio ambiente y no ha contado con los sindicatos hasta ahora para elaborar esta ley», indicó, al tiempo que puso el acento en replantear el consumo y actuar sobre él porque «es lo que mueve la economía». Por su parte, desde CC OO-A se reivindica la necesidad de cambiar el modelo productivo para garantizar una transición justa e inclusiva sin dejar a nadie atrás en esta crisis, según su secretario responsable de sostenibilidad, Rafael Rodríguez. CC OO-A reivindica que parte de los fondos europeos se dirijan a implantar la economía circular. También reclaman reducir las materias y residuos peligrosos y las emisiones contaminantes.

Ambos sindicatos coinciden en reclamar una política fiscal que establezca ayudas, e incentivos fiscales que fomenten la incorporación de criterios de circularidad en la economía y que se grave la producción para aquellos que no los apliquen. Los ecologistas ven positiva la iniciativa por ser una ley que obligará a su cumplimiento, pero detectan «incoherencias y contradicciones» con las políticas que viene impulsando el Ejecutivo autonómico, por lo que albergan «una esperanza limitada por los insuficientes y escasos avances ambientales en su gestión», según el representante en materia de residuos de Ecologistas en Acción, Daniel López.

Los ecologistas creen que «no hay cambio de modelo productivo con la ley, todo es un postureo como se refleja en su apoyo a proyectos como la ampliación de la producción petrolífera de Cepsa». No obstante, López dijo que esperan que se establezca un impuesto para todos los vertidos, no solo los peligrosos como hasta ahora, además de acabar con el gran problema de la gestión de los plásticos en la agricultura. También valoran que se tenga en cuenta la separación en origen de la fracción orgánica de los residuos domésticos, que hacen imposible su compostaje y que se ponga fin a la obsolescencia programada de los productos y a los desperdicios alimenticios.