El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacó ayer que el nuevo decreto de Augas de Galicia en materia de ejecución y explotación de infraestructuras hidráulicas garantiza la máxima colaboración entre el Gobierno gallego y los ayuntamientos y continúa con la apuesta de la Xunta por compartir servicios.

El presidente gallego explicó que esta norma, aprobada en el Consello de la Xunta de ayer, permite por primera vez declarar de interés de la comunidad autónoma infraestructuras hidráulicas que sobrepasen los términos de un municipio, regula la posibilidad de que la Xunta asuma la explotación de depuradoras cuando los ayuntamientos así lo soliciten, y permite la intervención de la Administración autonómica en caso de que exista riesgo para la salud pública.

El presidente gallego aseguró que la Xunta lleva invertido en depuración de aguas más de 900 millones de euros y que el objetivo de este decreto es que, cuando termine la legislatura, estén redactados más de 350 estudios de anteproyectos o proyectos de actuación en materia de obras hidráulicas.

Feijóo explicó que el decreto autorizado hoy por el Consello de la Xunta es el cuarto que desarrolla la Ley de aguas, tras el Estatuto de Augas de Galicia, el Reglamento Marco de Servicios de Saneamiento y Depuración y el Reglamento del Canon de Agua.

Cuatro escenarios

Núñez Feijóo concretó que el nuevo decreto de infraestructuras hidráulicas recoge cuatro escenarios de actuación: la ejecución por parte de la Xunta de obras hidráulicas de competencia municipal; la ejecución de obras hidráulicas declaradas de interés de la comunidad autónoma; la asunción de la explotación de estaciones depuradoras; y, en caso de que sea necesario, la intervención de la Xunta ante una insuficiencia en la explotación de los servicios que ponga en riesgo la salud de las personas.

El presidente gallego destacó que, en lo tocante a la ejecución por la Xunta de obras de competencia municipal, el nuevo decreto se adapta a la nueva estructura de la administración hidráulica y a los cambios normativos, y regula el procedimiento de colaboración entre Xunta y ayuntamientos. Además, incluye como novedad la prioridad a las obras propuestas por entidades supramunicipales. “Cuando dos o más ayuntamientos soliciten una depuradora tendrán prioridad”.

Feijóo se refirió también al procedimiento para declarar obras hidráulicas de interés general de la comunidad autónoma. “Se regula un modo de tramitación en el que colaboren Xunta y entidades locales de modo que se prime la transmisión de información, se optimicen los tiempos, se pongan a disposición los terrenos y se consigan los permisos necesarios”, recalcó.

El presidente gallego subrayó que la Xunta está dispuesta a asumir directamente el servicio de depuración de aquellos ayuntamientos que lo consideren oportuno y remarcó que con esta novedad se acaba con las discriminaciones entre ayuntamientos. “A finales de 2012 eran 26 las depuradoras municipales que estaban siendo gestionadas por la Xunta. Eso supone un agravio comparativo con otras 150 instalaciones equivalentes que son explotadas por cada ayuntamiento”, afirmó.

Así, el titular de la Xunta explicó que las entidades locales podrán solicitar que la Xunta explote las estaciones de depuración que den servicio a más de 2.000 habitantes o las de 1.000 que vengan asociadas a otra depuradora mayor. “Se blinda la justicia tributaria de modo que todos paguen lo mismo en la depuración de aguas y todas las gallegas y los gallegos vayan hacia un pago igualitario”, dijo.

Feijóo explicó, por último, los supuestos “excepcionales” en los que la Xunta podría asumir la gestión de la depuración de aguas. El presidente gallego citó, entre estas situaciones, la aparición de analíticas de aguas que incumplan los parámetros establecidos en la normativa, cortes periódicos en el suministro, reducción ostensible en la presión, vertidos o que no se realicen las tareas de mantenimiento necesarias.