Batalla abierta por la libertad de movimientos de residuos peligrosos dentro del territorio español. Lideradas por grupos como FCC, Prezero, Befesa o Holcim, un total de 60 empresas especializadas en la gestión de residuos se han rebelado ante la decisión de Andalucía, La Rioja y Galicia de impedir el traslado de los mismos desde una comunidad autónoma a otra.

ASEGRE, la asociación que agrupa a las firmas especializadas en la gestión y eliminación de residuos peligrosos e industriales, presentó un escrito el pasado mes de febrero para denunciar estos hechos ante la Secretaría para la Unidad de Mercado, dependiente del Ministerio de Economía. Posteriormente, esta reclamó a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) que analizara únicamente los casos de Andalucía y La Rioja teniendo en cuenta que la normativa gallega aún se encuentra en fase de tramitación administrativa.

El Reglamento de Residuos de Andalucía prohíbe, en concreto, la entrada de residuos peligrosos procedente de otros territorios, algo que la CNMC ha calificado ya como "desproporcionado", advirtiendo que vulnera la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Luis Palomino, secretario general de ASEGRE, explica que "la restricción aprobada en Andalucía rechaza los residuos en función de la comunidad autónoma que los ha generado y no de su proximidad". Así, por ejemplo, un residuo podría llegar a Huelva procedente de Almería, pero no de Badajoz, que se encuentra mucho más cerca.

El caso de La Rioja es distinto porque su Plan Director de Residuo limita la entrada de restos fijando una distancia máxima para la eliminación de residuos en vertedero de 50 kilómetros. Este criterio se aplica a los residuos generados tanto dentro como fuera de La Rioja, por lo que cumpliría el principio de proximidad, según la CNMC. No obstante, Competencia considera también considera necesario que la restricción establezca excepciones por razones justificadas a fin de paliar su carácter absoluto.

Para Palomino, estas limitaciones "constituyen una restricción desproporcionada de la libre circulación de mercancías y son contrarias al principio de unidad de mercado". El secretario general de ASEGRE apunta que "la legislación de residuos no contempla que las comunidades autónomas puedan establecer medidas de prohibición general o parcial en relación con los traslados de residuos en el interior del territorio del Estado" insiste en que las normativas que se están aprobando son "contrarias al principio de proximidad por el que los residuos deben tratarse en la instalación más cercana".

De momento, la Secretaría de Unidad de Mercado ha dejado claro ya las normativas aprobadas podrían no superar el "test de proporcionalidad", puesto que existen medidas menos gravosas que permiten alcanzar el mismo objetivo, como, de hecho, es el sistema de oposición "caso por caso" previsto en la normativa estatal. En su informe, la Secretaría advierte de que la limitación " pudiera acarrear el riesgo de que algunos residuos no se eliminasen en las instalaciones más próximas a su punto de generación", lo que conllevaría no solo un coste económico, sino también medioambiental. El próximo paso ahora podría ser una denuncia ante el Tribunal Constitucional.

[Este contenido ha sido reelaborado a partir de El Economista. Lee el original aquí]