Asturias está en el punto de mira de la UE por el modelo de gestión de residuos
El viceconsejero de Medio Ambiente y vicepresidente de Cogersa, Benigno Fernández Fano, ha advertido de que el "no haber atendido a las exigencias de dar un tratamiento a los residuos antes de verterlos como marca la normativa europea, va tener, sí o sí, graves repercusiones económicas para Asturias". Fernández Fano ha explicado que España ya cuenta con un procedimiento muy avanzado de sanción por 1.513 vertederos de residuos inertes (escombros y similares) aunque entre ellos no está el asturiano. Pero ahora, el pasado 13 de septiembre la Comisión Europea remitió una carta en la que se piden aclaraciones sobre el cumplimiento de la normativa comunitaria de vertido de residuos urbanos. Este requerimiento trae causa de una inspección llevada a cabo en 2015 a varios vertederos en España, entre ellos, el de Cogersa.
"Creo que va a ser muy difícil que la Comisión Europea mire hacia otra parte. Entiendo que las medidas previstas en la revisión del Plan de Residuos y la puesta en marcha de la planta del tratamiento de basuras va a aminorar la sanción", ha manifestado Fernández Fano, que no obstante ha insistido en que "la sanción llegará". Así ha indicado que se trata de un procedimiento largo, pero ha insistido en que por ser largo no supondrá que no tenga repercusión y se ha mostrado convencido de que habrá que hacer frente a una sanción. En la carta remitida se pide a España que presente un plan de acción, que debe ser elaborado por el Ministerio para la Transición Energética (MITECO) y las CCAA. El hecho de que Asturias haya aprobado el pasado mes de abril el Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias 2017-2024 (PERPA), a su juicio permitirá "aminorar la sanción".
El viceconsejero ha destacado que los debates políticos estériles han provocado la paralización en la toma de decisiones, todo ello a pesar de que las normativas vienen ya de 1999 con una primera directiva comunitaria, otra más en 2008; la ley española de 2011 de residuos y un real decreto sobre vertederos; toda una legislación en la que se establece la obligatoriedad de tratar los residuos antes de verterlos. "La falta de acuerdo político nos va a generar un problema económico; a pesar de que hoy Cogersa es modélica en la gestión de residuos, el modelo actual no cumple la normativa europea", ha manifestado Fernández Fano, que ha explicado que algo parecido ha pasado en Italia, en la región de Lazio, a la que una sentencia le impone una sanción inicial de 40 millones de euros y otros 42 millones semestrales en tanto no solucione el problema.
La aprobación del PERPA es la solución adoptada por el Principado y prevé como una de las principales medidas la construcción de una planta de tratamiento, cuya obra arrancará en 2019 y que estará en funcionamiento en 2021. Para el Viceconsejero este Plan es "la única solución posible, que puede ser o no la idónea, y que resuelve la situación por unos 12 ó 14 años, ya que para entonces el vertedero de Cogersa volverá a estar colmado por la saturación de la fracción resto.