Aumento de la contaminación odorífica en España
Otra cuestión es detectar de forma científica el mal olor para demostrarlo y poder actuar en consecuencia. Antonio Iglesias, presidente de la Sección Técnica de Medio Ambiente de la Asociación de Químicos de Madrid, explica que hasta no hace mucho esta cuestión planteaba un problema para determinar el verdadero impacto de una instalación industrial de la que se recibiesen quejas de población cercana. "En la medición del olor se trabaja desde hace 30 años, pero no ha sido hasta hace poco que ha tenido aplicaciones reales", señala.
En la actualidad, los expertos utilizan dos métodos diferentes:
Olfatometría dinámica. Primero se toman muestras de la atmósfera contaminada. Después se hacen respirar a un grupo de especialistas, una especie de "catadores" de olores. Los expertos evalúan la muestra en función de una norma y unas unidades de olor.
Inmisión del olor. Se mide lo percibido. Para ello se trabaja en el lugar estudiado mediante unos dispositivos adosados a la nariz para determinar el radio de acción del mal olor alrededor de la instalación.
Los métodos de tratamiento también han avanzado en los últimos años. Consisten en dos grandes grupos, según Muñoz. Por un lado, las tecnologías físico-químicas, con sistemas como lavadores químicos o filtros de adsorción. Por otro lado, las tecnologías biológicas, que han ganado importancia frente a las primeras, con sistemas como biofiltros o biolavadores. El equipo de investigación del profesor de la UV ha realizado un estudio comparativo de ambos grupos. Según sus conclusiones, "la difusión en tanques de lodos activos y los biofiltros percoladores se presentan como las más prometedoras a gran escala para los próximos años".
La defensa legal de los ciudadanos frente a emisiones de malos olores ha avanzado en países como Holanda, Alemania, Reino Unido o Japón. En España, según los especialistas en cuestiones legales del Grupo Unive, "las abundantes leyes ambientales solo hacen una breve mención y, por tanto, resulta complejo su protección jurídica, pero gracias a la jurisprudencia existente y a la cultura ambiental más reciente, dicha protección está siendo posible". Diversas sentencias han obligado a pagar importantes indemnizaciones económicas a ciudadanos afectados por malos olores por parte de instalaciones industriales.
En algunas comunidades autónomas y municipios están desarrollando legislaciones concretas. El profesor de la UV destaca a Cataluña y a municipios como Bañolas, San Vincent de Raspeig o Lliça de Vall, o el recientemente aprobado Decreto 239/2011 por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía.
En la actualidad, los expertos utilizan dos métodos diferentes:
Olfatometría dinámica. Primero se toman muestras de la atmósfera contaminada. Después se hacen respirar a un grupo de especialistas, una especie de "catadores" de olores. Los expertos evalúan la muestra en función de una norma y unas unidades de olor.
Inmisión del olor. Se mide lo percibido. Para ello se trabaja en el lugar estudiado mediante unos dispositivos adosados a la nariz para determinar el radio de acción del mal olor alrededor de la instalación.
Los métodos de tratamiento también han avanzado en los últimos años. Consisten en dos grandes grupos, según Muñoz. Por un lado, las tecnologías físico-químicas, con sistemas como lavadores químicos o filtros de adsorción. Por otro lado, las tecnologías biológicas, que han ganado importancia frente a las primeras, con sistemas como biofiltros o biolavadores. El equipo de investigación del profesor de la UV ha realizado un estudio comparativo de ambos grupos. Según sus conclusiones, "la difusión en tanques de lodos activos y los biofiltros percoladores se presentan como las más prometedoras a gran escala para los próximos años".
La defensa legal de los ciudadanos frente a emisiones de malos olores ha avanzado en países como Holanda, Alemania, Reino Unido o Japón. En España, según los especialistas en cuestiones legales del Grupo Unive, "las abundantes leyes ambientales solo hacen una breve mención y, por tanto, resulta complejo su protección jurídica, pero gracias a la jurisprudencia existente y a la cultura ambiental más reciente, dicha protección está siendo posible". Diversas sentencias han obligado a pagar importantes indemnizaciones económicas a ciudadanos afectados por malos olores por parte de instalaciones industriales.
En algunas comunidades autónomas y municipios están desarrollando legislaciones concretas. El profesor de la UV destaca a Cataluña y a municipios como Bañolas, San Vincent de Raspeig o Lliça de Vall, o el recientemente aprobado Decreto 239/2011 por el que se regula la calidad del medio ambiente atmosférico y se crea el Registro de Sistemas de Evaluación de la Calidad del Aire en Andalucía.
