El pleno del Parlamento Europeo (PE) ha dado luz verde a un informe que pide redoblar la protección para los activistas medioambientales y reivindica reconocer el ecocidio, o destrucción de un ecosistema, como un delito internacional. El texto apuesta por negociar en el marco de la Corte Penal Internacional el reconocimiento del ecocidio como delito a nivel internacional dentro del Estatuto de Roma.

“Estamos hablando de un delito, de un crimen contra la humanidad y, por lo tanto, de una responsabilidad internacional en esas conductas”, explicó la eurodiputada Soraya Rodríguez, del partido Renovar Europa y ponente del informe. La eurodiputada española sostiene que el ecocidio, un término que “divide” al Parlamento, será finalmente tratado y contemplado como lo que es, “un delito” contra la destrucción del medioambiente.

Las ampollas que levanta este término entre los diputados quedaron patentes en las votaciones: su mención en el texto pasó por 344 a favor, 316 en contra y 26 abstenciones. “La destrucción de un ecosistema supone un daño irreversible para todo el planeta y para los derechos humanos que todos tenemos”, afirmó Rodríguez. Finalmente, aprobado con 518 votos a favor, 97 en contra y 77 abstenciones, con el documento la Eurocámara instó a la Unión Europea (UE) a mostrar su apoyo a los defensores del medioambiente y protegerlos de la persecución.

El texto pone de manifiesto cómo el cambio climático amenaza el disfrute de los derechos humanos, incluido el derecho a la vida, al agua potable, a la alimentación o a la salud, al igual que el derecho a la vivienda, ya que el deterioro del hábitat provoca desplazamientos de la población.

Según un estudio de Global Witness, 212 activistas medioambientales fueron asesinados en 2019, un 30 % más que el año anterior. La cifra ascendió hasta las 331 muertes el año pasado. Aproximadamente, el 40 % de estas víctimas eran indígenas y otros propietarios tradicionales y más de dos terceras partes de los asesinatos tuvieron lugar en Latinoamérica.

Con la aprobación del informe, el Parlamento aboga por luchar “contra la impunidad de los autores” de delitos medioambientales a nivel mundial. Rodríguez denunció que “son muchos” los asesinatos sin resolver y acusó la falta de reparación y justicia para las víctimas.

En 2020, en pleno confinamiento por la pandemia, el 69% de los activistas de los derechos humanos asesinados defendía el medioambiente, estimó la diputada, y, entre ellos, el 26% trabajaba en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas. “Los defensores del medio ambiente son defensores de derechos humanos, de los suyos, de sus colectividades, de sus comunidades locales, pero también de los nuestros, de los que estamos a millones y millones de kilómetros de distancia”, zanjó.

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