La Comisión Europea (CE) ha dado plazo a España hasta finales de 2021 para que informe de los "progresos" alcanzados respecto al plan de limpieza "definitivo" de las 40 hectáreas contaminadas con plutonio en la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería).

Bruselas solicita a las autoridades españolas que completen la "recomendación" que ya formuló en 2010 para dar cumplimiento al artículo 35 de Tratado Euratom y "eliminen" el suelo contaminado para su "deposito de forma segura" en un almacenamiento "a largo plazo". Así se recoge en el informe definitivo, elaborado por la misión de verificación que visitó la zona de Palomares entre los días 18 y 20 de junio de 2019 para comprobar y hacer seguimiento del grado de implementación de las recomendaciones que otra misión técnica realizó tras otra visita cursada en 2010.

El informe señala que hace una década la CE recomendó que se llevase a cabo en Palomares el Plan de Rehabilitación "español", aprobado de hecho en el año 2010, y la limpieza de la tierra "para evitar cualquier inaceptable riesgo radiológico" en especial en las zonas 2,3 y 6 "teniendo en cuenta la muy larga vida media" de los "contaminantes" allí presentes. Recoge que, dentro de las áreas contaminadas y según el informe realizado entonces, en algunos lugares se registraba "una exposición para miembros del público de más de 1 mSv por año, superior en ciertas zonas 5 mSv por año". La misión de verificación comunica en su informe que, a fecha de hoy, no se ha descontaminado "ninguna" de las áreas afectadas y alude a que las autoridades españolas tienen "toda actividad paralizada" respecto a esta situación a la espera de un "acuerdo vinculante" con EE.UU. Recuerda que España sostiene que para "la solución final" al problema es "primordial" el acuerdo con EE.UU ya que "no tiene instalaciones para el almacenamiento final de los desechos radiactivos generados por la limpieza".

A raíz de esto, la comisión solicita a las autoridades españoles que informen sobre avances en el plan de rehabilitación "final" de las áreas contaminadas con plutonio en Palomares antes del finales de 2021 y avisa de que, de acuerdo a lo que se informe, considerará la "necesidad" de una nueva misión de verificación para medir el grado de cumplimiento de esta recomendación. En sus conclusiones, el informe apunta que las instalaciones del CIEMAT en la zona para llevar a cabo un "monitoreo continuo" de los niveles de contaminación por plutonio en aire, suelo, agua y productos agrícolas "son adecuadas" y subraya que "funcionan de manera eficiente" conforme a las disposiciones establecidas en el artículo 35 del Tratado Euratom.

Pese a ello, efectúa nuevas recomendaciones de carácter técnico sobre las que pide a España que también dé cumplida información antes, en este caso, de 2020. En concreto, solicita que dé cuenta de cómo se han implementado las recomendaciones del equipo de verificación y, en especial, "sobre cualquier cambio en la configuración de los sistemas de monitoreo". 

Cabe recordar que, en el marco de un procedimiento contencioso-administrativo impulsado por Ecologistas en Acción, la Audiencia Nacional decidió el 21 de enero, aunque aún no ha hecho pública sentencia, si obliga o no al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a que fije plazo para ejecutar el Plan de Rehabilitación. El colectivo conservacionista mantiene que la limpieza debe realizarse de acuerdo a lo aprobado en mayo de 2010 ya que considera que el CSN, en sesión celebrada el 22 de julio de 2015, "modificó los criterios radiológicos a aplicar en Palomares y redujo la cantidad de tierra a tratar de 50.000 metros cúbicos a 28.000 metros cúbicos aproximadamente". Añade, que después, firmó la declaración de intenciones con EE.UU, para el traslado y almacenamiento de los residuos generados y que el país norteamericano habría condicionado la rúbrica a estos cambios "por motivos políticos, sin base científica".

La Abogacía del Estado ha reconocido en el mismo pleito que el volumen de tierra contaminada con radiactividad a limpiar ha variado con respecto a lo previsto en el plan de rehabilitación aprobado en 2010 para la zona, pero ha negado que esto se deba a una modificación de los criterios radiológicos. Argumenta que en el transcurso del tiempo "se ha dispuesto de datos y medios para considerar situaciones más realistas, frente a las estimaciones más conservadoras utilizadas inicialmente para determinar los valores de concentración de actividad (niveles derivados) y que esto "incide en el volumen de tierra a retirar, sin que se haya producido modificación alguna en el nivel de intervención de 1mSv/año, valor mínimo" de radiación a percibir por la población. 

La Abogacía del Estado afirma, además, que "no existe un plan de rehabilitación para la zona" y que el CSN "no tiene competencias para ejecutarlo" al tiempo que señala que lo aprobado en 2010 "es un documento" de "carácter preliminar" que contenía "solo líneas generales para retirar la contaminación radiactiva" de los terrenos de Palomares y que define "los conceptos básicos y los elementos conceptuales" de las actuaciones previstas. No obstante, en su escrito de conclusiones donde defiende que no ha habido "inacción" de la administración en este caso, reconoce "que entre noviembre y diciembre de 2012 se realizó una prueba piloto de descontaminación con la finalidad de aportar información complementaria a los ensayos y estudios de laboratorio sobre diferentes aspectos relativos a la rehabilitación de los terrenos".