El Gobierno ha asegurado que la administración Trump "no se considera vinculada" por la declaración de intenciones firmada en 2015 entre España y EEUU para el traslado y almacenamiento definitivo del material radiactivo remanente en la pedanía de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), en el país norteamericano y que "no tiene intención" de iniciar "negociaciones bilaterales" para hacer posible su ejecución. 

En una respuesta de 22 de octubre al diputado nacional de Ciudadanos por Almería, Diego Clemente, el Gobierno afirma, no obstante, que "sigue muy atento a esta importante cuestión" y reitera su posición de que, cuando se den las circunstancias "adecuadas" para ello y existan "visos serios" de poder concluir con éxito esa negociación pendiente con Estados Unidos, se "impulsará de nuevo" esta cuestión al nivel bilateral correspondiente.

La citada respuesta indica que, aunque la declaración de intenciones firmada en octubre de 2015 "sigue en vigor" para España y establece los "parámetros y objetivos" para una "futura" operación conjunta, "carece de rango de tratado internacional" y no "obliga jurídicamente" a la nueva Administración Federal de EEUU a negociar un acuerdo "jurídicamente vinculante. En los últimos dos años, dicha administración ha dado a entender que no se considera vinculada p-por la Declaración de Intenciones, ni tiene intención de iniciar negociaciones bilaterales", señala el ejecutivo de Pedro Sánchez, que remarca, asimismo, que "mantiene su posición de que el destino final del material contaminado en Palomares ha de ser su depósito seguro fuera de España, preferentemente en EEUU, país causante de la contaminación". En esta línea, traslada que el "deseo del nuevo gobierno" es "lograr una solución negociada" con este país con dicho contencioso, que lleva pendiente de solución "más de medio siglo y representa una amenaza para la seguridad de la zona y un impedimento a la hora de lograr su desarrollo económico y de impulsar el turismo". 

La respuesta gubernamental al grupo parlamentario de Ciudadanos recuerda que, tras décadas de "estancamiento", la búsqueda de una solución conjunta a la cuestión de la radiación remanente en Palomares "cobró nuevo impulso a partir de mayo de 2010, cuando se impulsó esta cuestión a nivel bilateral y el entonces vicepresidente de EEUU Joe Biden visitó oficialmente España. "Todo ese proceso de contactos y negociación a nivel bilateral prosiguió en los siguientes cinco años y culminó en la firma, el 19 de octubre de 2015, de la Declaración de Intenciones para la Rehabilitación del Entorno de Palomares entre el anterior ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, y el secretario de Estado estadounidense John Kerry", apunta. "Aquel fue, por tanto, un logro histórico para nuestros intereses y reclamaciones ante Estados Unidos y para dar una solución definitiva al problema de Palomares. No obstante, quedó supeditado a la negociación y firma futura de un acuerdo jurídicamente vinculante, lo que hasta la fecha no ha sido posible llevar a cabo", concluye. 

La situación descrita por el Gobierno socialista ya ha sido puesta en conocimiento de la Audiencia Nacional por parte de la Abogacía del Estado en el marco del procedimiento contencioso-administrativo que se sigue en la Sección 7ª a instancias de la asociación Ecologistas en Acción para que se inste al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a que fije un "plazo" para la ejecución del Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado en 2010 y que prevé la limpieza de 50.000 metros cúbicos aproximadamente" para facilitar la firma del acuerdo España-EEUU.

Así, el Estado ha admitido la "imposibilidad" tanto de poner en marcha "actualmente" la rehabilitación de los terrenos contaminados como de "fijar un plazo" para la ejecución del plan ya que éste tiene carácter "preliminar" y solo esboza líneas generales sin dar "pleno cumplimiento a todos los requisitos del Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes (Rpsri) y el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR)".