Adiós a los envases superfluos y a los productos de usar y tirar, al menos sobre el papel. La Generalitat presentó el 12 de abril el anteproyecto de la Ley de Prevención de Residuos y Uso Eficiente de los Recursos, un texto que el departamento de Acción Climática lleva dos años y medio preparando y que, aunque ha generado consenso en el sector, no tiene garantizado que salga adelante. Llega justo antes de las elecciones catalanas, y dependerá de que en la próxima legislatura el Govern y el Parlament que salgan de los comicios quieran darle continuidad. 

El proyecto tiene como objetivo reducir los residuos al máximo y fomentar la reutilización, y para ello desgrana diferentes medidas que afectan a los usuarios, pero sobre todo a las empresas. Desde la prohibición de vender productos alimentarios en envases superfluos (un ejemplo son las bandejas de fruta plastificadas), o el veto a los productos de un solo uso en restaurantes y hoteles como unidades de champú, maquinillas de afeitar de usar y tirar o monodosis de mantequilla, hasta un sistema de devolución de residuos, como botellas de plástico y vidrio, o colillas, a cambio de dinero, pasando por la obligación de que las grandes tiendas de ropa tengan un espacio de venta de artículos de segunda mano.

La normativa sobre residuos era un compromiso que el departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, primero con Teresa Jordà y ahora con David Mascort, había adquirido para esta legislatura. En su redacción han participado entidades del sector como ReZero y Areca, y patronales y sindicatos, y pese a que ha generado un amplio consenso, el temor ahora es que haya llegado tarde y no tenga continuidad en la siguiente legislatura: “Los distintos partidos políticos también han visto el proyecto, y me cuesta pensar que en la siguiente legislatura no pueda tirar adelante con consenso”, ha expresado el consejero David Mascort tras presentar ante las entidades el anteproyecto. La ley está ahora en trámite esperando a que se publique en información pública. En el conjunto de España, está en vigor la Ley de Residuos de 2022.

La ley tiene el objetivo de que Cataluña reduzca sus residuos totales un en 2030 un 15% con respecto al peso que tenían en 2010. Y en algunos casos, como los residuos que dejan los envases de cervezas y bebidas refrescantes en los restaurantes y bares, se quiere llegar a una tasa de reutilización de entre el 80% y el 90% en 2035.

El primer eje de la ley es que quiere poner fin a la cultura de los productos de usar y tirar. En este sentido, destaca la medida, que se aplicaría dos años después de la aprobación de la ley, de prohibir el envasado innecesario de productos alimentarios, como por ejemplo fruta envasada que puede venderse a granel. También se prohibirán los productos alimentarios en monodosis en los restaurantes que estén envasados en plástico, como las unidades de mantequilla (en vigor en cuanto se apruebe la normativa) y la distribución y venta de cartuchos de tinta para impresora que no sean reutilizables (a partir de enero de 2025). En su afán por evitar que se fabriquen objetos innecesarios o que pueden tener una alternativa reutilizable, la ley incluye la prohibición de entregar bolsas de plástico en los puntos de mercancías y servicios, en el comercio electrónico y en la entrega a domicilio, así como la distribución de botellas de agua o bebidas de un solo uso en los edificios de las administraciones públicas.

El proyecto también prevé que en los comercios de alimentación de más de 400 metros cuadrados, el 20% del área de venta tendrá que presentar los productos a granel o en envases reutilizables. Y en el caso de la venta online, obliga a los distribuidores a incluir una opción de entrega sin envases. La ley también prohibirá, a partir de 2025, la producción y comercialización de productos que contengan microplásticos y nanoplásticos. Y se prohíbe el uso de envases de plástico de usar y tirar para comedores escolares o residencias que contengan elementos tóxicos.

En el ámbito de los hoteles, se prohíbe que pongan a disposición de los huéspedes artículos de un solo uso, como maquinillas de afeitar, gorros de baño, cepillos de dientes, y unidades de jabón, champú o gel de ducha. En el caso de las maquinillas de afeitar, la ley incluye la prohibición a partir de 2025 de que se vendan en el mercado catalán las que no son recargables.

Otra de las novedades de este proyecto es que la Generalitat plantea un sistema de depósito, devolución y retorno de residuos en un plazo de dos años. Es decir, que en todos los municipios de Cataluña deberá haber un punto donde los usuarios podrán devolver botellas de plástico, latas, tetrabriks y vidrio a cambio de un incentivo económico. En estas máquinas también se podrán depositar colillas de cigarros, pilas, baterías, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y envases pequeños de residuos químicos. Fuentes del departamento explican que el sistema implicará poner un recargo en algunos de estos artículos para luego hacer la devolución, aunque no han especificado la manera de llevarlo a cabo.

La ley también intenta dar más peso de la responsabilidad a los que generan estos residuos, es decir, a las empresas: por ejemplo, los productores de pañales, compresas, tampones, toallitas húmedas, papel y cartón que no sean de envase, aceites vegetales usados y agujas y otros objetos punzantes tendrán que hacerse cargo de los gastos de la gestión de los residuos.

En el eje de la reutilización, el proyecto prevé crear centros en los que los ciudadanos podrán llevar sus productos para ser reutilizados, los restaurantes estarán obligados a no usar vajillas de usar y tirar, y también las tiendas de ropa tendrán que hacer cambios en sus espacios comerciales: las que tengan más de 1.200 metros cuadrados deberán reservar un espacio para la venta de ropa de segunda mano. La ley también expone que tanto la comida a domicilio como el comercio electrónico deberán incluir una opción de envasado reutilizable y retornable.

También habrá un foco en los usuarios, y es que la ley incluye un cambio en la manera de reciclar la basura: ya no será anónima, sino que habrá un sistema para individualizar a los usuarios, que incluirán pagos o bonificaciones según el uso. Esta medida no entraría en vigor hasta 2027.

[Este contenido ha sido reelaborado a partir de El País. Lee el original aquí]