Ignacio González, Presidente de la Comunidad de Madrid, y Borja Sarasola, Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, han asistido al inicio de las tareas de restauración ecológica que se llevarán a acabo en la balsa de aceites usados de Arganda del Rey. Este será el mayor proceso de recuperación ambiental llevado a cabo en España de un espacio natural contaminado por hidrocarburos.

El presidente ha comunicado que el proyecto tratará de dar solución a un problema que ha provocado la actuación irresponsable de una empresa privada hace años. Ha indicado que el proyecto "va a ser largo por la complejidad técnica que implica, pero la recuperación de este espacio es un compromiso adquirido por el Gobierno regional, que revela la apuesta de la Comunidad por la mejora del medio ambiente y de la calidad de vida de los madrileños".

Esta iniciativa permitirá que el depósito de acites que se ha creado en el Parque Regional del Sureste desaparezca por completo. Esta balsa está situada en medio de un espacio natural protegido, lo que convierte a esta obra en un proyecto pionero en Europa. La Comunidad de Madrid ya ha presentado esta actuación ante la Comisión Europea para que sea incluida en el Programa Life +.

La actuación tiene como objetivo principal la descontaminación de la balsa y también del suelo, aunque en el seno del proyecto se enmarca también la restauración ecológica de las 6,4 hectáreas de la parcela y su integración con el resto del entorno, con la intención de que pueda volver a transformarse en una laguna que se sume a las otras 123 existentes en el Parque Regional del Sureste. 

El depósito de aceites usados se originó debido al vertido incontrolado e ininterrumpido realizado a principios de los 90 por una empresa privada. Estos residuos peligrosos se almacenaron en una balsa de 12.750 metros cuadrados y se estima que el volumen de los residuos es de unos 50.000 metros cúbicos a los que hay que sumar otros 70.000 metros cúbicos de suelos contaminados debido al contacto y filtración de estos residuos.

A finales de 2008, la Comunidad de Madrid, viéndose limitada para tomar acciones judiciales contra los responsables de los vertidos, adquirió la parcela y junto con ella, el compromiso de recuperarla. Personal de Tragsa ha comenzado ya la creación de accesos y pistas internas, plataformas estables y analíticas para poder empezar los trabajos de descontaminación.

Se estima que el proyecto podría costar 14,5 millones de euros, aunque esta cifra está condicionada por las conclusiones que obtenga el estudio que se está realizando el equipo técnico de tragsa. Aunque todavía no se ha podido determinar con claridad la complejidad de los trabajos, se sabe ya que la finalización del proyecto no será antes de 2018.