El concepto de desarrollo sostenible no es nuevo, data de finales de los años 90. Pero está experimentando un impulso mayúsculo en nuestros días, no solo en la agenda de los gobiernos y en las preocupaciones de la sociedad, sino sobre todo en las empresas, que han integrado la sostenibilidad en el centro de su actividad. En ese ámbito, hay dos siglas que marcan la pauta. Por una parte, están los llamados ODS u Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, un conjunto de 17 focos de actuación a escala mundial que cuentan con indicadores concretos para computar su realización antes del año 2030.

Por otra parte, están los llamado criterios ESG. Son las siglas en inglés de Environmental, Social and Governance, o dicho en español, Ambiental, Social y Gobierno Corporativo. Se conocen también como información no financiera, cuestiones sobre las que las empresas tienen que reportar anualmente según la normativa de la UE y la española. Los ODS y los criterios ESG son foco de atención de las compañías. Ambos términos abordan preocupaciones comunes, pero no son lo mismo. Un reciente trabajo de la Red Española del Pacto Mundial ayuda a entender la relación entre ambos: Integrando los ODS en los informes corporativos. Una guía práctica.

“Los criterios ESG llevan años actuando como paraguas de las diferentes acciones empresariales ligadas a la responsabilidad corporativa y la sostenibilidad y podríamos considerar que el auge de la inversión socialmente responsable ha aumentado la intensidad del foco sobre los mismos. Cuando las empresas trabajan su sostenibilidad con el marco de la Agenda 2030 están repercutiendo sobre estos criterios, que tienen un carácter más amplio”, explica

Según una investigación realizada por GlobalData, los ODS fueron mencionados el doble de veces en los informes ESG de las compañías en el periodo 2020-2021 que en  durante 2018-2019. Una muestra del creciente interés por la Agenda 2030 de la ONU entre las empresas. En concreto, los más señalados de los 17 objetivos fueron el ODS 8 y el ODS 13, centrados en el “trabajo decente y crecimiento económico” y en la “acción climática”, respectivamente.

Según señala la Red Española del Pacto Mundial las siglas ODS y ESG gozan de gran relevancia actualmente. En el caso de los criterios ESG, están vinculados a las nuevas tendencias crecientes de inversión socialmente responsable y a los requisitos impuestos a las empresas de reportar sobre la llamada “información no financiera”. En el caso de los ODS, por la popularidad entre las empresas que orientan en torno a ellos su gestión de la sostenibilidad. Por ejemplo, un 82% de las empresas ya trabaja según su compromiso con la Agenda 2030. Y en ambos casos, entre otras cuestiones, se trata de clasificaciones que les favorecen comunicarse con el consumidor.

Para señalar cómo se relacionan, la Red Española del Pacto Mundial agrupa los focos de actuación siguiendo la clasificación más longeva, la ESG:

Tanto la sociedad como las empresas demandan compañías que tengan en cuenta el impacto que puedan ocasionar en el medio ambiente. Desde una pequeña empresa con sus consumos energéticos o de desplazamiento, hasta una gran empresa que emite gran cantidad de gases de efecto invernadero o genera residuos químicos, todas pueden ser más sostenibles si atienden a unos criterios ambientales y trabajan en reducir su impacto. Estos criterios son valorados cada vez más por los consumidores e inversores y son una apuesta necesaria por una nueva forma de economía, más verde y próspera.

Hay multitud de Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados a este criterio, como por ejemplo el ODS 6, referente al agua limpia y saneamiento, el ODS 7, de energía asequible y no contaminante o el ODS 13, de acción por el clima.  Aunque no son los únicos, porque el medioambiental es uno de los aspectos más potentes de la Agenda 2030

El segundo de los criterios responde a la relación entre la empresa y la sociedad en su conjunto, aunque más directamente con aquellos agentes con los que tiene un vínculo más estrecho: empleados, proveedores, consumidores, etc.

Aquí tienen cabida los aspectos sociales que mejoren la calidad de vida de los y las trabajadoras: flexibilidad de horarios, conciliación laboral, formaciones para la plantilla, medidas para la igualdad de género, entre muchas otras. O también colaboración con proyectos educativos, culturales o con ONGs. Este criterio conecta a la empresa con las personas de diferentes grupos de interés, tiene cuenta sus derechos, consigue que la percepción de la marca sea positiva y ayuda a atraer más talento a la empresa y fidelizarlo.

La Agenda 2030 es la agenda de la humanidad, por lo que guarda una fuerte relación con los criterios “S”. Entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible más relacionados con él encontramos el ODS 1 de fin de la pobreza, el ODS 3 de salud y bienestar o el ODS 5 de igualdad de género, además de varias metas del ODS 8 o el ODS 10.

Los criterios de buen gobierno corporativo están relacionados con las cuestiones de gestión de la empresa y su transparencia. Desde hace unos años, este criterio es fundamental para los accionistas; actualmente la importancia del gobierno corporativo y sus buenas prácticas se extiende a todos los agentes relacionados con la compañía, ya que su transparencia y buena gestión afectan a todos. Y de manera progresiva, los accionistas se fijan cada vez más en este tipo de desempeño. De hecho, los indicadores de información no financiera ya están en la agenda de los consejos de dirección.

El ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico, el ODS 16 de paz, justicia e instituciones sólidas y el ODS 17 de alianzas para lograr los objetivos, entre otros, serían los Objetivos de Desarrollo Sostenible más relacionados con el criterio de buen gobierno.

Cada vez son más las empresas que tienen en cuenta los criterios ESG en sus estrategias de negocio y en la cadena de suministro, pues les sirven para gestionar riesgos y obtener ventajas competitivas. Por ejemplo, el 80% de las empresas del IBEX 35 evalúa a sus proveedores bajo criterios sociales y de derechos humanos. La Unión Europea está ejerciendo un gran poder impulsor en esta dirección y, en España, la financiación sostenible supuso ya un volumen total de 54.951 millones de euros en 2021. Según la Ley 11/2018, o Ley de Información no Financiera y Diversidad, desde 2022 las empresas de más de 250 empleados tienen la obligación de presentar esta información no financiera en España.

[Esta noticia fue publicada en El Ágora. Lee el original aquí]