La normativa europea sobre el derecho a reparar aparatos electrónicos sigue siendo “muy limitada”, advierte la responsable de residuos de Amigos de la Tierra, Adriana Espinosa, para quien la reparación “es un derecho universal” que debería contar con mayores garantías.

En noviembre de 2020 la Eurocámara aprobó un informe en el que se demandaba a la Unión Europea (UE) que abogase por el derecho a la reparación de aparatos electrónicos, y solicitaba el libre acceso a la información necesaria para reparar este tipo de dispositivos y a las piezas necesarias para su reparación.

Esta responsable de Amigos de la Tierra asegura que “garantizar el derecho a reparar es la clave para reducir la generación de residuos”, pero considera que a día de hoy no se garantiza ese derecho porque la actual normativa no cubre los móviles y los portátiles, y se centra sobre todo en “el tema de lavadoras y grandes electrodomésticos”.

En el mes de marzo de este año entraba en vigor la normativa cuyos cambios más visibles consistían, por ejemplo, en la modificación del etiquetado de eficiencia energética (eliminando las clases “A+, A++ y A+++”) (un cambio que el pasado 1 de septiembre se hacía tangible en sistemas de iluminación), así como la obligatoriedad de que las piezas de recambio de grandes electrodomésticos estén disponibles un mínimo de entre 7 y 10 años.

Por parte del Gobierno de España también existen propuestas de regulación de la reparabilidad de los aparatos, por ejemplo, el pasado marzo, el Ministerio de Consumo presentaba un ‘Índice de reparabilidad’ que definía como: “Una clasificación de los aparatos eléctricos y electrónicos en una escala de cero a diez puntos que se otorgan en base a cinco criterios objetivos”.

Para la responsable de residuos de Amigos de la Tierra este tipo de medidas son ineficaces, ya que centran “toda la carga en el consumidor y no ponen ninguna obligación para las empresas” por lo que entiende que se trata de un “maquillaje” para tapar las reformas que realmente hay que acometer.

“Todos los pasos que se den en este sentido creo que son positivos”, expresa Luis Moreno, director general de Fundación Ecolec, una entidad sin ánimo de lucro creada por los fabricantes de aparatos electrónicos con el fin de organizar la recogida de equipos fuera de uso para su posterior reciclaje, pero asegura que “es una locura para los fabricantes el tener que adaptarse a las normativas locales de todos los países europeos”. Moreno considera que la concienciación de los españoles está mejorando en los últimos años en lo referente al reciclaje de aparatos electrónicos. “Si el mercado en España ha crecido un 10 % en los últimos cinco años, nosotros prácticamente hemos duplicado la cantidad de residuo que hemos gestionado”, asevera y así, desde Ecolec han pasado de gestionar 65 millones de kilos de residuos electrónicos en nuestro país en 2014 a gestionar 116 millones de kilos en 2020.

Jaume López, Director Ejecutivo de Mercado IT, empresa dedicada a la adquisición y reacondicionamiento de equipos informáticos, cree que los fabricantes también tienen algo que decir al respecto de la reparabilidad de sus aparatos electrónicos: “Si dentro de cinco años ya no vas a tener piezas de repuesto para poder seguir utilizando ese producto, lo que te obligo es a que, aunque tú no lo necesites, tengas que cambiar por un equipamiento nuevo”. López apuesta realizar cambios en la legislación que van más allá de la regulación directa, por ejemplo, en las licitaciones de adquisición de aparatos electrónicos de ayuntamientos y entidades públicas, ya que en algunas se especifica actualmente que el producto no sea reacondicionado: “Ellos mismos no están promoviendo la reutilización de productos que les encajarían perfectamente”.

[Esta noticia fue publicada originalmente en EFE VERDE. Lee el original aquí]