ASEGRE intensificó sus acciones de comunicación  durante el mes de julio, para dar a conocer la situación que vive el sector de los gestores de residuos peligrosos en España.

El sector encargado de gestionar los residuos peligrosos (desechos como aceite de vehículos, gases de electrodomésticos o productos industriales) contabiliza un descenso de un 40% en su actividad en los últimos cuatro años,  la reducción de la descontaminación de suelos es de un 70%, al que le sigue la actividad en vertederos (-48%), y los procesos físico-químico-biológicos (-47%). La caída se atribuye, además de al freno de la labor industrial, a suplantaciones de identidad para recoger en los talleres aceites usados de vehículos y una media de tres robos semanales en los puntos limpios de los municipios o mezclas de residuos industriales con arena para evitar su reciclaje.

“Al quedar el tratamiento de estos residuos en manos de este mercado ilegal no se puede vigilar si se cumple con los requisitos, con el consiguiente riesgo para la salud y el medio ambiente”, explica Luis Palomino, portavoz de la asociación de empresas gestoras de residuos y recursos especiales (Asegre).

Uno de los casos más preocupantes es la llegada a plantas de reciclaje de frigoríficos sin compresor, que se extrae sin ninguna precaución y libera directamente a la atmósfera gases refrigerantes, con alto potencial de efecto invernadero y con capacidad de dañar la capa de ozono. También “Hay gestores que utilizan lodos industriales como fertilizantes agrícolas”, aseguran en Asegre.

Un residuo pasa a ser peligroso cuando puede poner en riesgo la salud de las personas o el medio ambiente. Su gestión está regulada por la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de 2011, que establece sanciones. En rara ocasión, las pesquisas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil consiguen imputar delitos ambientales, aunque ocurre.

El Ministerio de Medio Ambiente trabaja en un decreto sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el que incorporará los objetivos de la directiva europea de 2012 y que incluye un capítulo sobre seguridad frente al robo. Entre las medidas está situar los puntos de recogida en lugares cerrados, que no se visualicen desde fuera y el contacto directo con puntos de vigilancia.