Directiva europea sobre diligencia debida en las empresas (CSDDD): guía completa
Europa vuelve a marcar un hito en el camino hacia la sostenibilidad con la aprobación de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés). Una nueva y ambiciosa apuesta, tras la aprobación de la CSDR, que refuerza la posición del viejo continente como líder global en sostenibilidad empresarial y derechos humanos.
Esta normativa sirve para que las empresas operen con un enfoque responsable con los derechos humanos y el medioambiente a través de una serie de obligaciones y requisitos que afectarán a miles de empresas en la Unión Europea y más allá de sus fronteras.
La directiva aprobada el pasado 24 de abril, establece requisitos para que las empresas realicen diligencia debida en la identificación y mitigación de impactos adversos en derechos humanos y medioambiente, así como en la elaboración de planes climáticos.
“La normativa ha sufrido grandes cambios hasta ser aprobada en el Parlamento Europeo debido a las reticencias de países como Italia, Francia o Alemania. Ahora, su alcance se ha reducido casi un 70%, y solo aplica a aproximadamente el 0,05% de las empresas de la UE (unas 5.400). Aun así, afectará indirectamente a muchas más organizaciones a lo largo de las cadenas de suministro de todo el mundo, ya que las grandes compañías incluidas en el ámbito de aplicación transmitirán en cascada los requisitos a sus socios y proveedores. Por tanto, el compromiso de la norma por la sostenibilidad permanece intacto y ayudará a mejorar la protección de los derechos humanos y del cuidado por el medioambiente en las cadenas de suministro”, comenta Giulia Borsa, Regional Team Leader de EcoVadis.
1. ¿A qué empresas afectará?
La aplicación de la CSDDD afectará a:
Empresas de la Unión Europea (UE): aplicará a grandes empresas con más de 1.000 personas trabajadoras y más de 450 millones de facturación anual y aplicará de forma gradual:
- 2027: empresas con 5.000 personas trabajadoras y 1.500 millones de euros
- 2028: empresas con 3.000 personas trabajadoras y 900 millones de euros.
- 2029: empresas con 1.000 personas trabajadoras y 450 millones de euros.
Empresas de terceros países con actividades en la UE: sólo se referirá a su facturación. En 2027; afectará a las que facturen 1.500 millones de euros, en 2028; a las que tengan 900 y, en 2029; a las de 450.
Pequeñas y medianas empresas (pymes): no entran directamente en la propuesta aunque se verán afectadas como parte de la cadena de suministro.
2. Obligaciones de las empresas
La CSDDD establece algunas obligaciones para el cumplimiento de la debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambiente:
- Contar con una política de diligencia debida.
- Determinar los efectos negativos reales o potenciales en los derechos humanos y el medioambiente.
- Prevenir y mitigar los posibles efectos negativos.
- Establecer y mantener un procedimiento de reclamación.
- Supervisar la eficacia de la estrategia y las medidas de diligencia debida.
- Comunicar públicamente sobre diligencia debida.
- Adaptar un plan de transición climática conforme al Acuerdo de París y con el objetivo de limitar el calentamiento global a un máximo de 1,5 °C.
De esta manera, las empresas deberán recopilar información cualitativa y cuantitativa a través de informes independientes e información a través del procedimiento de reclamación. Además, deberán llevar al menos cada año evaluaciones periódicas de sus operaciones y en cierta medida, la de sus filiales y cadenas de valor.
3. Cadena de suministro
Las empresas tendrán la responsabilidad de recopilar información cualitativa y cuantitativa a través de informes independientes y el procedimiento de reclamación. Además, deberán llevar al menos cada año evaluaciones periódicas de sus operaciones y en cierta medida, la de sus filiales y cadenas de valor.
Pero ¿hasta qué punto afectará la CSDDD a las operaciones en nuestra cadena de suministro? En la normativa, se adopta el término “cadena de actividades”, abarcando a los socios comerciales situados en los eslabones anteriores de la cadena de la empresa y, en parte, a los posteriores.
4. Sanciones
Además, se establecen sanciones tanto a nivel administrativo como civil para garantizar el cumplimiento de la CSDDD. Las autoridades supervisoras estarán encargadas de monitorear el cumplimiento y podrán imponer multas basadas de las empresas que infrinjan las normas de hasta el 5% en el volumen de negocios neto mundial.
5. Situación de las empresas españolas ante la CSDDD
En el tejido empresarial español, la implementación de la diligencia debida ha sido todo un desafío. En el IBEX 35, motor de arrastre de la economía española y punto clave para entender las tendencias económicas, según indica IBEX 35: análisis de las memorias de sostenibilidad 2023, aunque un 77% de las empresas realizan procesos de diligencia debida, un 71% detalla los principales impactos en sus operaciones y sólo el 51% informa sobre los impactos en su cadena de suministro. Además, sólo un 54% tiene medidas de reparación ante impactos negativos probados, resaltando la necesidad de un mayor compromiso en la implementación de procesos efectivos de reparación.
Si bien es cierto que la tendencia es positiva pues cada vez más empresas se comprometen con los derechos humanos. Según ODS Año 8: Rentabilidad económica y Agenda 2030, el porcentaje de empresas españolas comprometidas a respetar y apoyar a los derechos humanos ha aumentado del 47% al 89% en 2021. Además, el 48% de empresas cotizadas han adoptado procesos de diligencia debida en 2021, en comparación al 7% de 2016. En este contexto, la CSDDD ofrece una oportunidad para promover una cultura empresarial más ética y responsable en España.
[Este contenido ha sido reelaborado a partir de Pacto Mundial y EcoVadis]
