Dos sentencias recientes en Pennsylvania han afectado la capacidad de los gobiernos para cobrar por los servicios de reciclaje.

La ciudad de Reading intentó a través de los tribunales que la empresa transportista Marcos Iezzi pagara los 2000€ que debía de demora por los cargos de reciclaje y basuras. Court of Common Pleas (el Tribunal de Primera Instancia) del Condado de Berkes falló a favor de la ciudad, pero la Commonwealth Court del Estado revocó la sentencia.

El tribunal dictaminó que no existe un mecanismo para el cobro de una tarifa por los servicios de reciclaje, cualquier coste debería establecerse por la Asamblea General. El tribunal considera que los programas de reciclaje deben ser autosuficientes a través de los ingresos por la venta de los materiales reciclables y subvenciones estatales disponibles, según un informe elaborado por Robert Watts, presidente de la Professional Recyclers of Pennsylvania.

En otra decisión de la Commonwealth Court of Pennsylvania, que de primera instancia salía a favor de la  Monroe County Municipal Waste Management Authority y la Pennsylvania Waste Industries Association fue revocada fijando que "la autoridad no podría fijar tarifas de descarga en vertederos y establecer comisiones locales que cubrieran los programas de reciclaje".