La empresa pública MARE tiene provisiones por valor de 19,7 millones de euros para terminar de pagar el sellado y la postclausura del Mazo, la escombrera de Potes y el de Meruelo.

La factura del sellado y la postclausura de los vertederos dependientes de la empresa pública MARE se ha disparado en más de tres millones de euros durante el último año, lo que ha obligado al departamento dirigido por Rosa Inés García ha aumentar el provisionado de los costes futuros del cierre de las instalaciones hasta los 19,7 millones de euros. Fundamentalmente, ha sido el tratamiento de los lixiviados (residuos líquidos provenientes de la basura) lo que ha encarecido la factura.

Los técnicos detectaron en 2016 «circunstancias excepcionales», lo que obligó a incrementar los costes en 3.226.000 euros: 118.000 para el Mazo, 2.691.000 para el de Meruelo y 417.000 para el sellado de la escombrera de Potes, que se licitará durante este semestre.

No es la primera vez que la empresa pública tiene que engordar el coste de las obras. Ya ocurrió durante el 2015 cuando el incremento fue 1,9 millones de euros, según se desprende de las cuentas de la empresa, como consecuencia también de la mayor generación de lixiviados respecto a las estimaciones realizadas, así como para hacer frente a los gastos de vigilancia y postclausura.

La propia compañía reconoce que dada la «complejidad inherente» y a la vista de las «desviaciones no controlables» las provisiones para este año podrían volver a dispararse. A pesar del hándicap, MARE logró en 2016 unos beneficios de 3,3 millones de euros, sin contar los ingresos por el acuerdo para que Guipúzcoa traslade sus residuos al vertedero de Meruelo, según reconoció recientemente la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, en una comparecencia parlamentaria. Si se tienen en cuenta esos ingresos por el depósito de la basura del País Vasco, los beneficios superaron los 9 millones de euros, matizó la vicepresidenta.

Desde el Gobierno recalcan que ese beneficio es «fruto de una buena gestión» y desvinculan los resultados positivos en MARE del acuerdo con Guipúzcoa. Un año antes la empresa cerró con 2,7 millones de pérdidas.

MARE también reconoce en sus cuentas que no ha conseguido solucionar una reclamación de 7,5 millones por parte de la empresa TIR Cantabria (Tratamiento Integral de Residuos de Cantabria SL), concesionaria de la planta de tratamiento y valorización de residuos de Meruelo hasta 2043, por la reducción de incentivos por la venta de energía eléctrica, derivada de los cambios normativos llevados a cabo en el sector eléctrico y correspondiente a los ejercicios 2013 y 2016. El Gobierno está intentado renegociar con la compañía al considerar que lo que pide es «totalmente desorbitado».

A fecha del cierre de las cuentas, no se ha producido ninguna reclamación judicial en este sentido. Los servicios jurídicos del Ejecutivo están analizando la petición, sin que hasta el momento se pueda determinar la compensación que, en su caso, hubiera de afrontar la sociedad. La intención es oponerse «por no considerarla ajustada a derecho».

Adicionalmente, la compañía dependiente de Vicepresidencia también tiene un contencioso administrativo promovido por el Ayuntamiento de Meruelo. El Consistorio dirigido por el popular Evaristo Domínguez pide la impugnación del acuerdo entre MARE y el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa, que el viernes se dio por terminado al dejar de llegar los camiones del País Vasco. E. MUNÁRRIZ