El informe, publicado el 10 de marzo, analiza la utilización de la financiación de la UE para la gestión de residuos en nueve países de Europa Central y Oriental: Bulgaria, Croacia, Rumanía, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Estonia, Letonia y Polonia. Concluye que muchos de estos países están muy rezagados en cuanto a prácticas óptimas de gestión de residuos, especialmente en la separación y el reciclaje de biorresiduos. Esto se debe, en gran medida, a la falta de financiación específica para soluciones de gestión de residuos de mayor nivel, como la prevención, la reducción y el reciclaje de residuos.

Si bien durante el período de inversión 2014-2020 se observaron mejoras en el reciclaje y la reducción de los vertidos, el progreso en la reducción de las emisiones de metano de estos últimos ha sido lento y sigue siendo un desafío debido a la desviación ineficiente de los biorresiduos de los flujos de residuos mixtos. En 2020, el 27 % de las emisiones totales de metano de la UE provinieron del sector de la gestión de residuos, siendo los vertederos un importante contribuyente. La descarbonización del sector de los residuos requerirá una inversión más específica en el tratamiento de biorresiduos, las tecnologías de captura de metano y la economía circular, incluyendo apoyo específico a las autoridades locales para mejorar los sistemas de recogida y reciclaje de biorresiduos, incluyendo financiación para la comunicación local y los recursos humanos.

El presupuesto para la gestión de residuos y la economía circular del período 2021-2027 es un 39 % superior al del período 2014-2020 y más progresista, priorizando la prevención, la minimización, la clasificación, la reutilización y el reciclaje. Cabe destacar que el 60 % de la asignación total se destina a la gestión de residuos domésticos e industriales, principalmente al reciclaje. Esta transición hacia prácticas más sostenibles y eficientes en el uso de los recursos se ve reforzada por las nuevas normas de financiación de la política de cohesión y el principio de «no causar un daño significativo» del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que limitan la financiación de proyectos de incineración y vertido, orientando las inversiones hacia soluciones de gestión de residuos de mayor nivel.