El 75% de las pymes españolas ven prioritario realizar esfuerzos en materia ASG (siglas de ambiental, social y buen gobierno), pero más del 80% identifica barreras en su integración, principalmente por los altos costes y el tamaño de la empresa, según las conclusiones del informe sobre pymes y sostenibilidad en 2024 elaborado por el Centro de Finanzas Sostenibles y Responsables de España (FINRESP) y sus asociaciones promotoras (AEB, CECA, Inverco, Unacc y Unespa), junto con Cepyme.

Los resultados han sido presentados a comienzos de este mes de julio en una jornada presencial en la que también han participado expertos del sector financiero y del ámbito de la pyme para analizar la situación actual de estas organizaciones en materia de sostenibilidad.

El presidente de FINRESP, José María Méndez, ha sido el encargado del discurso inaugural del encuentro, en el que ha destacado que desde FINRESP, las asociaciones dirigen sus esfuerzos "en generar un intercambio de conocimiento que promueva la necesidad de transitar hacia un tejido productivo más sostenible. En este contexto, las pymes juegan un papel esencial al ser un actor clave en la economía española". "Con este objetivo, hoy avanzamos en esta labor presentando el Observatorio de Sostenibilidad para pymes y compartiendo los resultados del informe sobre la situación de este segmento empresarial en esta materia", ha agregado.

Por su parte, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha sido el encargado de cerrar la jornada, destacando que "la pyme española ha sido artífice del progreso de la sostenibilidad en España, aunque lo haga sin saber incluso que lo está haciendo. No obstante, ahora mismo han convertido la sostenibilidad en una sobrerregulación y un exceso de cargas que suponen un gran coste para las pequeñas".

La presentación de las conclusiones del informe ha corrido a cargo de la socia de Sostenibilidad y Buen Gobierno de KPMG España, y responsable de la secretaría técnica, Jerusalem Hernández, quien ha resaltado la participación de más de 200 entidades.

"Tres de cada cuatro empresas encuestadas ven beneficioso realizar esfuerzos en materia ASG, sobre todo por la mejora de la reputación", ha explicado Hernández. Además, ha señalado el trabajo que se está llevando a cabo más allá de la implementación de medidas medioambientales, puesto que el 42% de las pymes ya implementa iniciativas en el ámbito social, destacando activaciones focalizadas en conciliación laboral o para favorecer el clima en el entorno organizacional, entre otras.

A su vez, se ha llevado a cabo un diálogo sobre los principales beneficios y barreras en la implementación de la sostenibilidad en el negocio de las pymes, así como los recursos necesarios para afrontarlas y se han analizado las distintas estrategias de sostenibilidad en el negocio de las pymes y en la cadena de valor.

Por otro lado, el informe arroja datos "clave" que explican la situación actual de la pequeña y mediana empresa frente a la sostenibilidad, proporcionando una visión del estado actual de este tipo de entidades, que suponen el 99% del tejido productivo español.

En este contexto, el estudio destaca que el 71% de las pymes ha implementado medidas de sostenibilidad en los últimos tres años. El 60% de estas empresas ha implementado medidas ambientales, entre las que se encuentran mejoras en áreas como la gestión de residuos y la eficiencia energética. En contraposición, apenas un 25% de las organizaciones han ejecutado medidas de mejora del gobierno corporativo de la empresa en ese periodo.

Por otro lado, el informe pone de manifiesto los desafíos del sector para los próximos años en materia de sostenibilidad. Así, el 48% de las pymes no conoce o sabe poco acerca de la existencia de productos financieros y de aseguramiento con criterios de sostenibilidad. Entre aquellas que sí tienen conocimiento, sólo una de cada cuatro empresas ha accedido a productos financieros o de aseguramiento sostenible.

En cuanto a los recursos para la integración de la sostenibilidad de este segmento de empresas, destaca el papel fundamental de la colaboración público-privada en los próximos años en el apoyo a las pymes en su transición hacia prácticas más sostenibles mediante recursos, formación y una financiación adecuada. Respecto a la regulación, un 86% de las empresas afirma verse afectada por las regulaciones en sostenibilidad, con un 35% sintiéndose "muy afectada".

FINRESP cree que esta tendencia frente a la regulación continuará en el futuro, con la aplicación de nuevas normativas ya aprobadas, como es la nueva Directiva de información corporativa de sostenibilidad (CSRD, en inglés), que entró en vigor a principios de 2023 y que extenderá su alcance a las pymes cotizadas a partir de 2026.

[Este contenido procede de Europa Press. Lee el original aquí]