El escrito de la Fiscalía de Medio Ambiente explica que el acusado Miguel A.M. permitió el funcionamiento de las instalaciones sin la autorización del propietario de la finca, ubicada en un paraje de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) conocido como Cortijo San José de Maestre, junto a las compuertas del Canal del Bajo Guadalquivir.

Al menos desde el año 2006, el acusado marcó con vallas una zona de unos 3.000 metros cuadrados en la finca, lugar donde creó un vertedero sin contar con cualificación profesional, licencia o autorización alguna.

A lo largo de las inspecciones de los Agentes de Medio Ambiente los días 17 a 19 de noviembre de 2009, se corroboró que los residuos acumulados alcanzaban los dos metros de altura y que el acusado los había quemado sin tomar en cuenta ninguna medida de seguridad.

Entre los restos depositados se encontraban muchos residuos clasificados como peligrosos tales como tejados de uralita, que contiene amianto, un material "clasificado como tóxico por entrañar riesgos graves, agudos o crónicos para la salud de las personas, e incluso la muerte, y que es carcinógeno", tal y como apunta el fiscal.

Además había baterías de vehículos, material con componentes como el plomo que están clasificados como tóxicos y corrosivos, latas de pintura con disolventes y envases vacíos de productos peligrosos, nocivos e inflamables. Por la ocupación ilegal del terreno se ha seguido el procedimiento correspondiente, detalla la Fiscalía.

El fiscal califica los sucesos como un delito contra el medio ambiente y solicita, además de la prisión, multa de 2.160 euros y otros siete meses de inhabilitación para cualquier profesión u oficio relacionado con el transporte, almacenamiento y tratamiento de residuos.