El Ayuntamiento de Constantí, en Tarragona, ofreció el miércoles por la tarde una sesión informativa dirigida a toda la población en la que se informó de las consecuencias económicas que tendría la venta de la planta incineradora de residuos especiales del municipio por parte de la Generalitat y explicar las gestiones que hasta ahora ha realizado el Ayuntamiento. Representantes de varias entidades y asociaciones asistieron a este encuentro y pudieron plantear preguntas y dudas relacionadas con esta privatización a los miembros del consistorio.

El pasado 11 de enero, el Pleno del Ayuntamiento de Constantí aprobaba por unanimidad de todos los grupos municipales una moción en que manifestaba su firme oposición a la venta de la planta incineradora de residuos industriales y acordaba solicitar formalmente al gobierno de la Generalitat el mantenimiento de todas las condiciones acordadas con la corporación desde la entrada en funcionamiento de la planta, en 1999.

El alcalde de Constantí, Josep Maria Sabaté reiteró el grave perjuicio económico que supondría para Constantí perder los 190.000 euros anuales que hasta ahora recibía el consistorio en concepto de canon por tonelada incinerada. Hay que recordar que las cláusulas que regulan el proceso de venta no contemplan esta compensación económica, y además, sólo garantizan la obligación de pagar los gastos de alumbrado público (65.000 euros), durante un periodo de 5 años.

Otro de los aspectos que preocupan es el mantenimiento de los puestos de trabajo, y es que las cláusulas sólo comprometen la empresa adjudicataria a mantener la plantilla durante un periodo de 24 meses. Desde el inicio del proceso, el Ayuntamiento de Constantí también ha pedido el compromiso de la Generalitat respecto al control y otras medidas de seguimiento de las condiciones ambientales en Constantí y sus alrededores, tal como se vendía haciendo hasta ahora. Desde la consejería de Territorio y Sostenibilidad se ha garantizado la continuidad de los estudios sobre las personas y el medio que se hacen con la colaboración de la URV.

Esta semana se ha abierto el periodo de presentación de ofertas económicas por la compra de la planta, que sale a la venta por un precio mínimo de 42 millones de euros.

El alcalde de Constantí, Josep Maria Sabaté, ha confirmado que agotarán todas las vías de negociación posibles, pero que de momento las cláusulas de venta se mantienen sin cambios.