El poco control en la gestión de residuos de aparatos eléctricos fomenta el mercado ilegal
El reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos no se lleva a cabo correctamente en España. Pese a que lo pagamos al comprarlos, apenas se reciclan una cuarta parte. Y lo que es peor: hay quienes se dedican a hacer caja apropiándose de ellos incluso en plantas de reciclaje.
El año 2014 se inició con la imputación de 178 personas en varias provincias españolas (Alicante, Barcelona, Murcia, Valencia y Málaga) por la gestión ilegal de más de 200.000 electrodomésticos desechados durante los últimos años.
La Fiscalía de Medio Ambiente denunció que estos delincuentes se apropiaban de los aparatos y, con técnicas que impedían recuperar los gases CFC y HCFC, los reparaban y los ponían a la venta, incluso fuera de España.
Los electrodomésticos eran retirados por transportistas que, en lugar de llevarlos a plantas autorizadas para reciclaje, los vendían por su cuenta o a tiendas de segunda mano. Sólo en Barcelona y Santa Coloma de Gramanet estos delincuentes se hicieron con 1.739 frigoríficos.
La operación ha permitido también comprobar el grave perjuicio que suponen estas prácticas para la capa de ozono. Por lo que a los implicados se les imputan delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, además de apropiación indebida y receptación.
Estos hechos corroboran la denuncia de OCU, puesa pesar de que cuando se compra un aparato eléctrico o electrónico se impone en el precio una cantidad destinada a su futuro reciclaje, en la práctica los aparatos se reciclan con escasa frecuencia.
La gestión de recursos ha empeorado notablemente en nuestro país, como queda patente en un estudio de seguimiento de los residuos electrónicos para comprobar su destino: únicamente 4 de los 16 aparatos que llevamos a reciclar fueron procesados en plantas autorizadas. El resto no se reciclaron, pese a que el consumidor ya había pagado por ello al comprarlos.
