América Latina y el Caribe (ALC) alberga el 19% de las ecorregiones marinas del mundo. Bañadas por el Caribe, el Atlántico, la Antártida y el Pacífico, estas aguas desempeñan un papel fundamental en la regulación del clima global y se encuentran entre las mayores reservas de biodiversidad marina del planeta. Además, albergan el 25% de la biodiversidad marina mundial.

Los manglares brasileños y caribeños son viveros de vida, que almacenan miles de millones de toneladas de carbono en el suelo y los árboles, incluyendo hojas, troncos y raíces, conocido como carbono azul. Estos ecosistemas pueden almacenar hasta cuatro veces más carbono por hectárea que los bosques tropicales y también actúan como barreras naturales contra las tormentas tropicales, protegiendo a las comunidades costeras. En el Pacífico, la Corriente de Humboldt, una de las corrientes más productivas del mundo, es responsable de alrededor del 20% de la pesca mundial, sustentando las economías de Chile y Perú. Solo en Brasil, la economía azul representa aproximadamente el 20% del PIB y se destaca como un sector estratégico.

Sin embargo, la acidificación de los océanos, causada por el aumento de la absorción de CO₂ atmosférico por el agua de mar, amenaza a organismos como corales, crustáceos y moluscos, y afecta procesos biológicos esenciales como la reproducción, la formación de conchas y esqueletos, la señalización química y el comportamiento alimentario. Millones de toneladas de plástico, fertilizantes agrícolas y pesticidas contaminan el océano, mientras que la sobrepesca y la pérdida de hábitat amenazan los ecosistemas marinos. Estas presiones acumuladas comprometen la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los medios de vida de millones de personas, lo que desencadena un efecto dominó sobre la vida marina y sectores clave como el turismo y la pesca, pilares económicos de la región.

Además, la minería en aguas profundas, que carece de una regulación internacional eficaz y está impulsada por la creciente demanda de minerales raros, puede liberar sedimentos tóxicos y metales pesados. Esta actividad se desarrolla en un entorno complejo, donde los impactos se propagan en diversas direcciones, afectando tanto al lecho marino como a las corrientes oceánicas que conectan diferentes regiones del planeta. Al mismo tiempo, la exploración y el transporte de petróleo en alta mar, esenciales para el comercio mundial, aumentan el riesgo de derrames de petróleo y la introducción de especies invasoras y patógenos.

El cambio climático incrementa los desafíos para la biodiversidad, pero sus efectos también comprometen las economías y las vidas humanas. En toda la región, las comunidades costeras e insulares se enfrentan a una peligrosa combinación de impactos, como el calentamiento de los océanos, el aumento del nivel del mar, olas de calor, marejadas ciclónicas extremas, lluvias torrenciales e inundaciones, tornados, huracanes y erosión costera. Estos fenómenos amenazan la supervivencia de quienes habitan estos territorios y ponen en peligro pilares económicos como el turismo y la infraestructura portuaria, lo que afecta a toda la cadena productiva de la región.

La Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO ha colaborado con 23 países de la región en la implementación de la Planificación Espacial Marina (PEM), un proceso público de análisis y organización de las actividades humanas en las zonas marinas. La PEM busca conciliar, mediante negociación política, los objetivos ecológicos, económicos y sociales, esenciales para la gobernanza global de los océanos y para el cumplimiento de los objetivos de acuerdos internacionales, como los de Clima y Biodiversidad.

Las soluciones basadas en la naturaleza (SBN), como la restauración de los ecosistemas y las iniciativas de economía regenerativa, son esenciales para revertir el colapso de los servicios de los ecosistemas marinos y garantizar la sostenibilidad socioeconómica.

La integración de PEM y SBN ofrece una vía transformadora para alinear los objetivos climáticos y de biodiversidad, acelerando los esfuerzos para mapear, restaurar y gestionar de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros y promoviendo tanto la resiliencia climática como la conservación de la biodiversidad.

Alrededor del 23,2% de las áreas marinas de América Latina y el Caribe (ALC) están bajo alguna forma de conservación, pero la expansión e implementación efectiva de las Áreas Marinas Protegidas es crucial para equilibrar el crecimiento económico y la conservación de la biodiversidad.

Iniciativas como el reciente acuerdo de "deuda por naturaleza" de Ecuador, que utiliza bonos azules para destinar US$12 millones anuales a la conservación en las Islas Galápagos, resaltan el potencial de mecanismos de financiamiento innovadores. A lo largo de 20 años, la iniciativa movilizará US$450 millones, estableciendo un modelo prometedor para la región.

Los bonos azules se han convertido en instrumentos poderosos para financiar la conservación ambiental y el desarrollo sostenible, alineando la preservación con la reducción de la deuda soberana. Ejemplos como el Corredor Marino del Pacífico Tropical Oriental, que conecta áreas protegidas en Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, demuestran cómo las colaboraciones multilaterales fortalecen la conectividad ecológica y la conservación.

En Brasil, los manglares, los arrecifes amazónicos y el mayor banco de rodolitos del mundo resaltan el potencial del país para iniciativas de carbono azul y créditos de biodiversidad. Además, la región de Abrolhos y Vitória-Trindade, candidata a Reserva de la Biosfera, reafirma su potencial para los bonos azules y consolida la posición de América Latina como guardiana de ecosistemas únicos y estratégicos del planeta.

Las políticas de pago por servicios ambientales pueden incluir a las comunidades tradicionales y a los pueblos indígenas en la conservación de la biodiversidad, integrándose en los planes y estrategias nacionales y regionales. Estas iniciativas promueven la economía regenerativa y la justicia socioambiental, reconocen el papel activo de estas comunidades en la conservación de la naturaleza y también pueden apoyar las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y la implementación de las Estrategias y Planes de Acción Nacionales para la Biodiversidad (NBSAP).

La creciente vulnerabilidad de la riqueza marina a las presiones globales exige acciones urgentes y coordinadas. Con una gobernanza sólida y alianzas público-privadas, América Latina y el Caribe tiene el potencial de liderar la transición hacia una economía azul sostenible. La expansión de las Áreas Marinas Protegidas y el uso de instrumentos financieros innovadores fortalecen la conservación de la biodiversidad, dinamizan la economía regional e integran los planes nacionales y regionales alineados con los acuerdos globales, como los de Clima y Biodiversidad.

Este modelo prepara una transición para aprovechar el capital natural del Sur Global y brindar servicios ecosistémicos esenciales, garantizando el sustento de millones de personas y la salud del planeta. ¿Serán América Latina y el Caribe víctimas de un colapso inminente o líderes de la transformación?

[Este contenido procede de Renewable Matter Lee el original aquí]