El Programa Estatal de Prevención de Residuos, presentado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y aprobado por el Consejo de Ministros de la semana pasada, representa un mero inventario de deseos para cubrir el compromiso que la Directiva 2008/98 de la Comisión Europea exige: alcanzar un 10% de reducción en la generación de residuos para 2020.

Es lo que se viene a denominar wishfull thinking, un pensamiento ilusorio para confundir los deseos con la realidad y pretender que la mera enunciación de objetivos permitirá su cumplimiento, sin fijar compromisos y obligatoriedades.

Los deseos y pretensiones del Programa de “evitar la generación de residuos, disminuir su grado de peligrosidad o minimizar los impactos de los residuos generados tomando decisiones en la concepción y fabricación de los productos”, están muy bien, el problema reside en que los acuerdos voluntarios sin medidas concretas vinculantes se han revelado como inútiles para alcanzar resultados satisfactorios.

Hay que romper el correlato de que un mayor nivel de desarrollo implique inexorablemente un aumento de la cantidad de residuos producidos por habitante y más especialmente de la producción de residuos urbanos. Introducir una nueva cultura con los residuos implica un cambio de modelo de gestión y el compromiso de todas las partes concernidas: fabricantes, comerciantes, usuarios, gestores de residuos y Administración. Limitar este esfuerzo a la mera “concienciación ciudadana”, sin contemplar toda la cadena de valor del producto, y restringir las medidas a acuerdos voluntarios, es un anticipo del fracaso del Programa. Las “guías de prevención” y los “planes de minimización” y las “campañas de sensibilización” se convierten en cartas a los Reyes Magos si no van acompañados de compromisos verificables para su implementación.

El panorama de la gestión de residuos en nuestro país es desolador, la jerarquía de residuos comunitaria no solo no se cumple, sino que está invertida: gana por goleada la falsa solución del vertedero, el reciclado es insuficiente, la reutilización no está ni se la espera y la reducción es una palabra vana. En el reciente Informe sobre vertederos de residuos domésticos en España realizado por RETORNA se demuestra cómo el 70% de los residuos terminan enterrados en vez de reciclados, cómo la fracción orgánica (42% de la basura) se desperdicia y cómo los envases se reciclan en escasa medida.

Alternativas como recoger de manera diferenciada la fracción orgánica y compostarla, implantar sistemas de devolución y retorno para los envases o gravar el vertido de las basuras, que sí lograrían reducir de manera notable el volumen de residuos, no aparecen contempladas.

No hay objetivos concretos ni vinculantes ni tampoco un presupuesto para la aplicación del Programa: ¿cómo se puede garantizar de esta guisa la jerarquía en la gestión de residuos impuesta por la normativa europea? Aunque la meta de reducción ya es de por sí insuficiente, solo un 10% para el año 2020 respecto a la cantidad generada en 2010, ni siquiera este escuálido porcentaje será conseguido.

La obsolescencia programada y el acortamiento de la vida útil de los objetos son realidades que la industria impone sin que la Administración haga nada, provocando residuos innecesarios. El consumismo desaforado navideño viene a revelar crudamente estas lacras. Llamamos a la ciudadanía a la contención en el consumo, a separar adecuadamente los residuos para favorecer su reciclaje y a presionar a la Administración para que la alternativa de las tres erres (REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE) deje de ser una quimera y se convierta en una consolidada realidad.