El órgano colegiado se basa en que la declaración se concedió mediante una ley del año 2008 sin plan previo de gestión autonómico. La ausencia del plan previo se dio a pesar de que había transcurrido con creces el plazo razonable para su elaboración, lo que el auto del tribunal entiende como "una clara vulneración de la normativa estatal básica y comunitaria".

El Tribunal entiene que esa vulneración supone un "ejercicio abusivo" de la potestad que tiene el legislador autonómico, que infringe "el principio constitucional de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos". Así, se considera que la actuación promovida por la mayoría parlamentaria que sostenía al Gobierno regional pretendía "neutralizar y dejar sin efecto la medida cautelar de suspensión de la autorización ambiental recurrida". Así, ha criticado también que el legislador no hubiese realizado ninguna acción dirigida a verificar la racionalidad de la decisión de la ubicación de cara a cumplir con el objetivo de conseguir una red integrada y adecuada de instalaciones de eliminación.

"Simplemente se elevó a rango legal lo que había sido objeto de autorización administrativa", afirma el auto. A juicio de éste, se han podido infringir los artículos 9, 24 y 149 de la Constitución, por lo que ha planteado la cuestión de inconstitucionalidad.